La propuesta para crear un régimen de prevención, sanción y reparación frente a situaciones de violencia contra el personal de salud en Neuquén comenzó su tratamiento legislativo en medio de cuestionamientos y posiciones encontradas.
El proyecto fue analizado por primera vez en la comisión de Trabajo de la Legislatura de Neuquén, donde varios diputados plantearon observaciones e incluso rechazaron la iniciativa. Durante el debate, los legisladores pidieron convocar a funcionarios del área de Salud y a representantes gremiales para ampliar la discusión.
El presidente de la comisión, Francisco Lepore, adelantó que se invitará a autoridades del Ministerio de Salud —que sería la autoridad de aplicación— y a sindicatos del sector, entre ellos ATE y Siprosapune, que nuclea a profesionales de la salud.
La propuesta es similar a la normativa aprobada el año pasado para el sector docente, impulsada en ese momento por el gremio ATEN. En este caso, la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo provincial.
Críticas desde distintos sectores
Antes del debate legislativo, trabajadores autoconvocados del sistema de salud difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al proyecto. “Los equipos de salud no tenemos miedo de la comunidad con quien y para quien trabajamos. No es nuestro enemigo. No necesitamos que nos protejan de ella. Sí necesitamos que se garanticen derechos en los territorios”, señalaron.
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que en los últimos años se registró un aumento de episodios de agresión en guardias, consultorios, servicios de emergencia y otros ámbitos sanitarios, lo que genera entornos laborales inseguros y deteriora las condiciones de trabajo.
Durante el debate en comisión, la diputada Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, fue una de las primeras en expresar su rechazo. Consideró que ya existen herramientas legales para abordar estos casos y advirtió que crear nuevas normas podría implicar “sobrelegislar”.
“Esto no significa convalidar la violencia, pero me parece demagógico”, afirmó, y señaló que, de seguir esa lógica, se podrían crear regímenes especiales para otros sectores como policías o jueces. En la misma línea, el diputado Marcelo Bermúdez, del PRO, sostuvo que el sistema punitivo propuesto resulta “redundante”.
Por su parte, el legislador Andrés Blanco, del PTS-FIT, planteó que el problema debe analizarse desde su origen. Según señaló, el deterioro del sistema público de salud —con falta de personal e insumos— genera situaciones de tensión que terminan en conflictos.
En cambio, el presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, defendió la iniciativa y mencionó episodios registrados en el Hospital Centenario, donde aseguró que las agresiones verbales al personal administrativo continúan incluso con presencia policial.
La diputada peronista Lorena Parrilli también intervino en el debate y sostuvo que el clima social actual contribuye a naturalizar situaciones de violencia. En ese sentido, cuestionó el discurso del presidente Javier Milei, al que vinculó con una época de mayor confrontación.
El proyecto continuará su tratamiento en tres comisiones legislativas: Trabajo, Asuntos Constitucionales y Hacienda.
Qué establece el proyecto
La iniciativa propone definir distintas formas de violencia contra el personal de salud, incluyendo agresiones físicas, verbales, digitales y mediáticas, como insultos, hostigamientos, difamaciones o amenazas que afecten la dignidad de los trabajadores o busquen intimidarlos.
También contempla el daño a bienes personales, equipamiento médico o infraestructura de los establecimientos de salud, así como la obstrucción del ejercicio profesional cuando se entorpezcan las tareas asistenciales o administrativas.
El régimen alcanzaría a profesionales, técnicos, auxiliares, personal administrativo, de traslado, limpieza, mantenimiento y seguridad que trabajan en el sistema sanitario.
Las sanciones se incorporarían al Código de Faltas de la provincia e incluirían multas de entre 5 y 150 JUS, trabajos comunitarios en establecimientos de salud de hasta 30 jornadas, prohibiciones de ingreso a centros sanitarios —salvo situaciones de emergencia— y arrestos de hasta 30 días. Actualmente, el valor de un JUS ronda los 81.129 pesos y se actualiza de manera periódica.
Además de las sanciones, el proyecto contempla medidas preventivas como capacitaciones obligatorias para el personal sanitario en manejo de crisis, técnicas de comunicación en situaciones de tensión y desescalada de conflictos.
También prevé asistencia médica y psicológica para los trabajadores afectados, con cobertura integral por parte del sistema de salud.
Fuente: Medios
