La oferta de alquileres en CABA creció casi 45 veces tras el DNU que derogó la Ley de Alquileres

El empresario inmobiliario Armando Pepe destacó que la cantidad de viviendas disponibles pasó de 355 unidades a más de 15.700 desde fines de 2023. También analizó la rentabilidad del sector, los créditos hipotecarios y la regulación de la actividad.

La oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registró un fuerte incremento tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. Según explicó el empresario inmobiliario Armando Pepe, la cantidad de viviendas destinadas a alquiler familiar pasó de 355 unidades a fines de diciembre de 2023 a más de 15.700 en la actualidad.

La oferta de alquileres en CABA creció casi 45 veces tras el DNU que derogó la Ley de Alquileres.

Pepe sostuvo que el escenario actual representa una oportunidad para los inversores en el segmento de inmuebles usados, debido a que los departamentos de esa categoría pueden cotizar hasta un 30% por debajo de las unidades a estrenar o de pozo.

En relación con la rentabilidad del alquiler, el empresario indicó que actualmente la renta anual neta para los propietarios se ubica en torno al 5,8% en dólares luego del pago de impuestos. También señaló que los departamentos de dos y tres ambientes son los más demandados dentro del mercado porteño.

Sobre los contratos, explicó que la dinámica habitual se consolidó con acuerdos de 24 meses y actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL).

Por otro lado, Pepe analizó la situación de los créditos hipotecarios y aseguró que el impulso inicial registrado desde mediados de 2024 comenzó a perder fuerza durante la segunda mitad de 2025.

“Los bancos tienen que bajar las tasas y flexibilizar las condiciones para que la gente vuelva a acceder al crédito”, sostuvo. Además, Pepe cuestionó las iniciativas que buscan eliminar la obligatoriedad de la colegiación profesional para los corredores inmobiliarios. Consideró que quitar el requisito de formación universitaria y matrícula profesional implicaría una pérdida de calidad en la actividad y afirmó que sería un retroceso frente a otros países de la región.

Por último, criticó el funcionamiento de algunas franquicias inmobiliarias y señaló que existen reclamos judiciales relacionados con el uso de matrículas profesionales para operar con numerosos agentes sin relación de dependencia.

Fuente: Medios

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