El juez Civil de Bariloche, Santiago Morán, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un vecino de esa ciudad que compró un lote en un emprendimiento inmobiliario de Las Grutas impulsado por la diputada nacional Lorena Villaverde, y ordenó el embargo de su dieta legislativa y del medio aguinaldo hasta cubrir una suma cercana a los 40 millones de pesos.
La resolución se enmarca en una demanda por daños y perjuicios derivada del incumplimiento contractual en la entrega de un terreno correspondiente al desarrollo denominado Tajamar, donde el comprador asegura no haber recibido el lote ni la infraestructura comprometida, pese a contar con el boleto de compraventa.
Según trascendió de fuentes judiciales, el magistrado dispuso un embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales de la legisladora libertaria, incluyendo el sueldo anual complementario, con exclusión de cargas familiares, hasta alcanzar 27 millones de pesos en concepto de capital, más 13,5 millones estimados por intereses y costas.
En la resolución, que se mantiene en reserva formal, Morán ordenó además comunicar la medida a la Cámara de Diputados de la Nación, aclarando que las retenciones deberán sostenerse “hasta que se cubran íntegramente los montos indicados”. También dispuso que los fondos retenidos sean depositados en una cuenta judicial del Banco Patagonia, bajo apercibimiento de incumplimiento.
El juez remarcó que la cautelar no implica una definición sobre el fondo del litigio, que continuará su trámite como una acción principal por daños, perjuicios y cobro de canon locativo ante la falta de entrega del inmueble.
Un conflicto que suma antecedentes
El caso se vincula con otros procesos civiles iniciados contra Villaverde en relación con el mismo emprendimiento inmobiliario en Las Grutas. En expedientes tramitados anteriormente en el juzgado de San Antonio Oeste, la diputada había alcanzado acuerdos privados con compradores, lo que impidió que esas causas avanzaran judicialmente.
En su defensa, Villaverde había argumentado en esos casos que las demoras se debieron a las restricciones y dificultades generadas durante la pandemia, que impactaron en los plazos de ejecución de las obras de infraestructura comprometidas.
En la causa de Bariloche, el demandante aportó testigos que acreditaron la operación de compraventa y el cumplimiento de pagos, incluso con declaraciones de la persona que actuó como intermediaria en el cobro de cuotas en efectivo.
Fuente: Medios.
