El Poder Judicial de Neuquén notificó oficialmente a las partes la sentencia completa del juicio por administración fraudulenta agravada en la causa por la estafa con planes sociales, que involucra a once ex funcionarios y colaboradores del Ministerio de Desarrollo Social. El fallo, de 398 páginas, fue emitido por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, quienes ahora abrieron un plazo de cinco días hábiles para apelaciones antes de avanzar a la etapa de cesura, donde se definirán las penas finales.
Entre los condenados figuran Ricardo Soiza, exdirector provincial de Planes Sociales; Pablo Sanz, Marcos Osuna, Alfredo Cury, Laura Reznik, Abel Di Luca, Valeria Honorio, Luis Gallo, Julieta Oviedo, Tomás Siegenthaler, Emanuel Victoria Contreras e Isabel Montoya, entre otros.
La sentencia atribuye a Soiza un papel central en la maniobra: coordinaba los subsidios, definía beneficiarios y manejaba la llamada “caja azul”, donde se concentraba el dinero extraído de cheques y tarjetas. Testimonios de ex colaboradores y pericias contables confirmaron un circuito de fondos destinados a referentes políticos, agrupaciones, comercios y particulares.
Según el fallo, Sanz y Osuna se encargaban de las “extracciones en ráfaga” en cajeros automáticos y del resguardo del dinero en la caja paralela, mientras que otras funcionarias, como Reznik, Honorio y Oviedo, daban apariencia de legalidad a los expedientes.
Los jueces descartaron el delito de asociación ilícita, al considerar, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que no hubo pruebas suficientes de una organización estable con fines delictivos futuros. Esa decisión generó polémica, ya que el propio gobernador Rolando Figueroa adelantó que el Gobierno provincial apelará el fallo y reclamó públicamente que los responsables “vayan presos”.
Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que los implicados desviaron millones de pesos de programas sociales mediante cheques y tarjetas a nombre de beneficiarios falsos o cooptados políticamente. Ahora, el Tribunal otorgó diez días para la presentación de nuevas pruebas antes de fijar las penas definitivas.
Fuente: Medios
