La causa por los Planes Sociales de Neuquén entra en una etapa decisiva. A 20 días hábiles del fallo del Tribunal de Impugnación que incorporó el delito de asociación ilícita y condenó por primera vez a los 12 acusados por esa figura, las defensas avanzan con los últimos recursos disponibles para intentar revertir la decisión antes de que pueda ejecutarse una eventual pena de prisión.
El punto central de la discusión es la nueva calificación jurídica. En octubre de 2025, el tribunal de juicio había condenado a los acusados por administración fraudulenta agravada, pero los había absuelto de asociación ilícita por el beneficio de la duda. El 20 de agosto de 2026, el Tribunal de Impugnación integrado por Federico Sommer, Mauricio Macagno y Liliana Deiub revocó esa absolución y ordenó realizar un nuevo juicio de cesura para establecer las penas considerando ambos delitos.
La investigación se centró en un presunto mecanismo para desviar fondos destinados a planes sociales. La acusación contabilizó 9.303 operaciones, entre extracciones con tarjetas y cobros de cheques, por un monto que en los registros originales superaba los 153 millones de pesos. Las defensas cuestionan, entre otros aspectos, que esa cantidad de operaciones pueda ser presentada como equivalente a la existencia de 9.303 maniobras fraudulentas acreditadas individualmente.
Ese es uno de los argumentos planteados por Alfredo Cury, quien además ejerce su propia defensa. En sus presentaciones sostiene que el Tribunal de Impugnación llegó a una conclusión distinta de la del tribunal que realizó el juicio oral sin haber escuchado directamente a los testigos. También cuestiona la interpretación de las operaciones bancarias utilizadas para fundamentar la nueva condena.
La estrategia de las defensas tiene dos caminos. Por un lado, buscan una revisión horizontal, es decir, que otra integración del Tribunal de Impugnación revise la incorporación de la asociación ilícita. Por otro, algunas presentaciones ya plantearon impugnaciones extraordinarias ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.
En el caso de Cury, además, se cuestiona la extensión de su responsabilidad en la administración fraudulenta. Su defensa pide que sea absuelto o, subsidiariamente, que se reduzca su grado de participación y se limite la imputación a diez cheques por $490.500 que, según sostiene, correspondieron al pago de honorarios profesionales y fueron posteriormente devueltos.
Mientras estos planteos sigan pendientes, las condenas no están firmes y el nuevo juicio de cesura también queda sujeto a lo que resuelvan las distintas instancias. Las defensas solicitaron que esa audiencia se suspenda hasta que se definan sus recursos.
Con los plazos venciendo durante esta semana, la siguiente etapa estará en manos de la Oficina Judicial, que deberá avanzar con las nuevas integraciones del Tribunal de Impugnación para revisar los planteos.
Por ahora, por lo tanto, no existe una fecha definida para un eventual ingreso a prisión. El expediente todavía debe atravesar las revisiones solicitadas y, eventualmente, llegar al TSJ. La discusión sobre cuánto puede extenderse el proceso queda abierta y podría prolongarse durante 2027, aunque cualquier fecha concreta dependerá de las decisiones que adopten los tribunales.
Fuente: Medios
