La iniciativa será tratada este jueves en el recinto y busca habilitar al Ejecutivo municipal a impulsar una acción de lesividad, herramienta legal que permitiría que la Justicia evalúe la validez de los actos administrativos que dieron origen al contrato con la empresa encargada del sistema.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Fernanda Esquivel, explicó que el objetivo es que sea el Poder Judicial quien determine si existieron irregularidades en el procedimiento de origen.
“Lo que estamos haciendo es pedirle al Ejecutivo que avance con la instancia de lesividad para que sea la Justicia la que determine la nulidad de los actos que estuvieron mal desde el principio”, afirmó.
Las críticas al esquema de fotomultas se sostienen desde hace meses, principalmente por la forma en que fue implementado sin intervención previa del Concejo Deliberante y en medio de cuestionamientos vinculados a la señalización vial y la instalación de los dispositivos.
Esquivel recordó además que el cuerpo legislativo no tiene facultades para anular de manera directa un contrato vigente entre el Municipio y una empresa privada, ya que se trata de un vínculo con derechos adquiridos.
“Nosotros no podemos avasallar ni pasar por encima de otro poder”, señaló, al remarcar que el procedimiento seguido en su momento por el Ejecutivo habría omitido instancias institucionales clave.
La lesividad como vía legal
El proyecto propone que el Municipio recurra a la figura de la acción de lesividad, un mecanismo mediante el cual el propio Estado puede solicitar que se revise judicialmente un acto administrativo que considera perjudicial para el interés público.
Según Esquivel, los asesores legales consideran que esta es la vía adecuada para resolver el conflicto de fondo. “La lesividad es una instancia superior. Es cuando el Estado reconoce que realizó un acto con un tercero pero que terminó perjudicando a la comunidad”, explicó.
La edil sostuvo que una eventual resolución judicial podría abrir la puerta a una negociación entre el Municipio y la empresa para determinar qué inversiones fueron efectivamente realizadas y evaluar posibles compensaciones económicas.
En ese marco, mencionó que deberán analizarse los costos vinculados a la instalación de cámaras y otros aspectos administrativos del contrato.
También recordó que parte de los dispositivos fueron instalados en un contexto en el que persistían observaciones sobre la señalización vial y el funcionamiento de los semáforos.
Qué ocurrirá con las multas
El despacho aprobado también incluye un pedido al Juzgado de Faltas para que revise las actas labradas desde la suspensión del sistema de fotomultas. De acuerdo con Esquivel, el juez puede desestimar infracciones si detecta errores en el procedimiento administrativo.
Quienes aún no hayan abonado las multas deberán presentar sus descargos junto con la normativa que suspendió el sistema y la nueva ordenanza que se aprobaría en el recinto.
En tanto, los casos de infracciones ya pagadas o anteriores a la suspensión quedarán sujetos a la decisión judicial sobre la validez de los actos administrativos. Solo en caso de una declaración de nulidad por parte de la Justicia podría analizarse posteriormente algún mecanismo de devolución o compensación.
Desde el Concejo Deliberante destacaron que la iniciativa cuenta con respaldo unánime en comisión y que fue trabajada desde abril con participación de distintos sectores políticos.
Con el despacho favorable ya aprobado, todo indica que el proyecto será sancionado en la próxima sesión, marcando un nuevo avance en el intento de resolver uno de los conflictos administrativos más prolongados de Plottier.
Fuente: Medios
