El Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, estableció las principales definiciones de la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio. El texto ratifica el equilibrio de las cuentas públicas como eje central, fija proyecciones de inflación, crecimiento y tipo de cambio, y otorga facultades al Poder Ejecutivo para el manejo de la deuda y la reasignación de partidas.
Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto sancionado no sufrió modificaciones respecto de la versión aprobada en la Cámara de Diputados. Según fuentes oficiales, el objetivo es sostener una política de contención del gasto y evitar desvíos presupuestarios durante un año de fuerte impacto político y económico.
Entre las principales proyecciones macroeconómicas, el Presupuesto prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial de $1.423 para diciembre de 2026. Estas estimaciones fueron uno de los puntos más debatidos durante el tratamiento legislativo.
En materia fiscal, la norma reafirma el compromiso de déficit cero y establece límites estrictos a la expansión del gasto público. El Ejecutivo sostuvo que el presupuesto “está cerrado” y que cualquier reasignación de partidas se realizará dentro de los recursos ya aprobados, sin alterar el resultado financiero.
Uno de los artículos centrales habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de la deuda pública, como canjes y reestructuraciones, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos sin incrementar el stock total. Si bien la oposición cuestionó el alcance de estas facultades, el oficialismo defendió su inclusión como una práctica habitual en presupuestos anteriores.
El texto también contempla un esquema de reducción y focalización de subsidios, especialmente en energía y transporte, orientado a concentrar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos. En cuanto a las transferencias a provincias, el Presupuesto se ajusta a los mecanismos automáticos vigentes y no prevé incrementos discrecionales, lo que generó reclamos de legisladores provinciales.
Respecto del gasto social, el Gobierno aseguró que están garantizadas las partidas correspondientes a jubilaciones, pensiones y programas sociales, las cuales se ajustarán según la fórmula de movilidad vigente y la evolución de los ingresos fiscales.
En el plano tributario, el Presupuesto 2026 no incorpora nuevos impuestos ni aumentos de alícuotas, y consolida una estrategia de estabilidad impositiva. En paralelo, el Congreso avanzó con el debate de la Ley de Inocencia Fiscal, que no forma parte del Presupuesto pero fue tratada en simultáneo.
Durante el debate, la oposición intentó modificar artículos vinculados a facultades delegadas, reasignación de partidas y financiamiento de áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa. Sin embargo, el oficialismo mantuvo el texto original y logró sostener el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de inversión establecidos por leyes previas.
Finalmente, la norma refuerza los mecanismos de control parlamentario, mediante informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos. Desde el Ejecutivo destacaron que la aprobación del Presupuesto brinda previsibilidad económica y constituye una señal clave para los mercados y los organismos internacionales.
Fuente: Medios
