El Juzgado Federal N°2 de Neuquén procesó a dos exmilitares por su presunta participación en la apropiación ilegal de bienes pertenecientes a una cooperativa de periodistas durante la última dictadura cívico-militar. La decisión fue adoptada por el juez Gustavo Villanueva, en el marco de una causa impulsada por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani.
Los imputados son Sergio Adolfo San Martín (83) y Jorge Héctor Di Pasquale (78), exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército Argentino. Ambos fueron procesados como partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real, considerados conexos a delitos de lesa humanidad. Además, el magistrado dispuso el embargo de sus bienes por más de 25 millones de pesos para cada uno, con el objetivo de garantizar eventuales penas económicas, indemnizaciones y costas.
Según la investigación, los hechos se remontan al 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado, cuando autoridades militares intervinieron la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén, cuya sede funcionaba en la denominada Torre de Periodistas I. En ese contexto, efectivos del Ejército irrumpieron en el edificio, secuestraron documentación, desplazaron a las autoridades legítimas e impusieron como interventor a un militar, trasladando la administración al Comando de la VI Brigada de Infantería.
A partir de esa intervención, se excluyó a decenas de socios del proyecto habitacional que se encontraba en construcción desde 1972. Al menos 21 periodistas habrían continuado pagando cuotas al Banco Hipotecario Nacional por departamentos que nunca recibieron. En 1978, las unidades fueron vendidas o se simuló su venta a distintas fuerzas de seguridad, mientras que otros bienes y terrenos previstos para espacios comunitarios también fueron enajenados sin compensación alguna para los socios fundadores.
El juez consideró que los hechos se inscriben en un contexto de persecución política e ideológica contra periodistas y medios de comunicación de la región, lo que los encuadra como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. En la resolución se detallan situaciones de hostigamiento, amenazas, detenciones ilegales y exilios forzados sufridos por integrantes de la cooperativa, como parte del accionar represivo desplegado en la Norpatagonia.
Ambos procesados cuentan con múltiples condenas previas por delitos de lesa humanidad dictadas por distintos tribunales federales del país. Actualmente, San Martín cumple prisión domiciliaria, mientras que Di Pasquale permanece detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo. La causa continúa su curso para determinar las responsabilidades penales y avanzar en la reparación de las víctimas.
Fuente: Medios
