Los legisladores radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto de ley para crear el Programa de Asistencia Alimentaria a Mujeres Vulnerables (PROMUVU), destinado a brindar resguardo económico a madres que, tras separarse por situaciones de violencia de género, quedaron a cargo exclusivo de sus hijos sin recibir cuota alimentaria ni asignaciones familiares.
“El proyecto aborda una problemática silenciosa pero devastadora: la violencia económica post-separación”, señalaron los autores, destacando que muchos progenitores eluden sus obligaciones de manutención como forma de castigo, prolongando el ciclo de violencia machista y obligando a las madres a recorrer dependencias judiciales en búsqueda de recursos básicos.
La iniciativa también pone en evidencia que, en muchos casos, las mujeres no pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni a las asignaciones del SUAF, porque los menores figuran registrados a nombre del progenitor trabajador, quien retiene esos fondos sin destinarlos a los niños.
El proyecto cuenta con respaldo de un estudio de la especialista en género Flavia Ayelén Jara Arévalo, realizado en el Alto Valle, que advierte sobre la “feminización de la pobreza”.
El informe indica que las mujeres enfrentan doble sobrecarga: asumir casi en exclusividad el cuidado de los hijos y, al mismo tiempo, insertarse en un mercado laboral desigual, con mayores índices de desempleo y empleos de menor calidad. A nivel nacional, la violencia económica y patrimonial es el segundo tipo de violencia más denunciado, solo detrás de la psicológica.
Cómo funcionará el PROMUVU
El proyecto propone otorgar a las beneficiarias una asistencia económica mensual equivalente al valor de la AUH durante cuatro meses, como refuerzo familiar transitorio mientras se tramita la restitución del aporte alimentario en el ámbito judicial o institucional.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano, que conformará un equipo técnico especializado para evaluar admisiones, realizar seguimiento de casos y cruzar datos con ANSES, SENAF, el Poder Judicial y organizaciones sociales. El financiamiento se incorporará al presupuesto anual del ministerio.
Con esta propuesta, los legisladores buscan dar respuesta a una problemática que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de mujeres y niños, visibilizando la violencia económica como forma persistente de desigualdad y ofreciendo un mecanismo de asistencia que garantice derechos básicos mientras se resuelven los procesos judiciales.
Fuente: Mediios.
