La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Roberto Daniel Sánchez, condenado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, y resolvió que continúe detenido con prisión preventiva. La decisión fue tomada este martes durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial y generó alivio en la familia de la víctima, aunque también reavivó el repudio social por el intento de morigerar la detención de un acusado de extrema gravedad.
El juez de garantías Cristian Piana avaló la postura del Ministerio Público Fiscal y desestimó el planteo defensivo al considerar que persisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Según sostuvo la fiscalía, no existieron cambios sustanciales desde que se dictó la prisión preventiva ni se incorporaron nuevos elementos que justifiquen una modalidad menos gravosa.
Uno de los puntos centrales que pesó en la decisión judicial fue la conducta posterior al crimen. Los fiscales remarcaron que Sánchez destruyó evidencia clave y se sustrajo de la acción policial y judicial tras cometer el hecho, antecedentes que resultan incompatibles con cualquier beneficio como la prisión domiciliaria. La querella, que representa a la familia de Azul, adhirió plenamente al pedido fiscal.
Con esta resolución, Sánchez continuará detenido por el plazo de ocho meses de prisión preventiva en una comisaría, tal como había sido dispuesto por otro juez de garantías y ratificado luego por un tribunal revisor.
Según la acusación fiscal, Azul Semeñenko fue asesinada el 25 de septiembre en la vivienda del imputado. Las pericias determinaron que sufrió múltiples heridas provocadas con elementos contundentes y arma blanca, y que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo. Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo y lo arrojó a un canal de desagüe, donde fue hallado el 14 de octubre.
Sánchez está imputado por homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. El rechazo al pedido de prisión domiciliaria vuelve a poner en primer plano la gravedad del transfemicidio y la exigencia social de que no haya beneficios para quienes intentaron borrar pruebas tras un crimen atroz.
Fuente: Medios
