La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, en un plenario de comisiones convocado para las 10, luego de que el Senado aprobara el proyecto la semana pasada. El oficialismo busca acelerar el trámite parlamentario con el objetivo de convertir la iniciativa en ley antes de fin de mes.
El debate se desarrollará en las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente, que preside José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. Según fuentes parlamentarias, si bien el oficialismo pretende avanzar con rapidez, la firma del dictamen no necesariamente se concretará en esta primera reunión.
El proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos afirmativos y 31 en contra. La aprobación respondió a un compromiso del Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas interesados en flexibilizar el marco normativo para impulsar inversiones en minería e hidrocarburos.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, para redefinir el alcance de las áreas protegidas. Mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero habilita la posibilidad de desarrollar proyectos en determinadas zonas periglaciares siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental y no cumplan una función hídrica comprobable.
De esta manera, el texto elimina la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar y establece una diferenciación entre las formaciones que constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos y aquellas que no desempeñan esa función. Además, otorga mayor protagonismo a las provincias en la determinación de las áreas a proteger.
El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición cuestionan la reforma al advertir que podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce y afectar el equilibrio ambiental. En cambio, el oficialismo sostiene que la modificación permitirá atraer inversiones y dinamizar proyectos productivos bajo controles ambientales.
Mientras se inicia el debate en Diputados, el Gobierno apuesta a mostrar la media sanción como una señal de apertura a inversores internacionales en el marco de su estrategia para promover el desarrollo minero y energético.
Fuente: Medios
