La reforma electoral es uno de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei busca impulsar, aunque por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para garantizar su aprobación en el Congreso. Ante este escenario, dentro de la Casa Rosada conviven distintas posturas sobre el alcance que finalmente tendrá la iniciativa y los tiempos para avanzar con su tratamiento.
El principal objetivo del Poder Ejecutivo es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los puntos que genera mayor resistencia entre sectores de la oposición. El proyecto también contempla modificaciones al financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de mecanismos vinculados con Ficha Limpia.
Desde el Gobierno aseguran que la intención es avanzar con el tratamiento de la reforma antes de fin de año, aunque reconocen que será necesario consolidar acuerdos políticos con los gobernadores aliados para garantizar los votos necesarios.
En la Casa Rosada sostienen que la propuesta busca reducir la cantidad de jornadas electorales, disminuir los costos asociados a los comicios y limitar los espacios de publicidad destinados a los partidos políticos.
La negociación con los gobernadores
La falta de respaldo suficiente entre algunos de los principales aliados legislativos, incluidos sectores del PRO y la UCR, llevó a que dentro del oficialismo gane fuerza la idea de que primero será necesario alcanzar acuerdos electorales con los mandatarios provinciales.
“No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables“, señalaron desde el oficialismo, al advertir que los sectores que actualmente cuentan con las PASO como herramienta electoral difícilmente acepten resignarlas sin un acuerdo previo.
En ese contexto, la Casa Rosada evalúa distintas alternativas. Aunque la eliminación definitiva de las primarias continúa siendo la opción prioritaria, también se analiza la posibilidad de suspender las PASO o establecer una primaria abierta no obligatoria.
El proyecto permanece en la Cámara de Senadores y todavía no tiene una fecha definida para su tratamiento. Mientras algunos sectores del Gobierno consideran que podría comenzar a debatirse en septiembre, otros creen que los tiempos legislativos no alcanzarán para avanzar con la reforma integral.
Dentro de la administración también existen posiciones más pesimistas. Una de las posibilidades que se analiza es que el Ejecutivo deba resignar el proyecto completo y concentrarse únicamente en suspender las PASO para las elecciones del próximo año.
La definición de la estrategia legislativa será uno de los temas que deberá ordenar la mesa política del Gobierno. Si bien las iniciativas económicas mantienen la prioridad dentro de la agenda parlamentaria, la Casa Rosada también deberá resolver cómo avanzar con los cambios al sistema electoral que el oficialismo considera estratégicos de cara a las próximas elecciones y a la continuidad de Javier Milei en el poder.
Fuente: Medios
