El Ministerio Público Fiscal precisó la imputación contra un hombre involucrado en el accidente ocurrido en la ruta provincial Nº 1, mientras la defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba y Fiscalía y querella se opusieron.
El Ministerio Público Fiscal de Viedma reformuló los cargos contra un hombre imputado por el siniestro vial ocurrido el 11 de agosto de 2024 en la ruta provincial Nº 1, entre la ciudad y el balneario El Cóndor.
El accidente provocó la muerte del conductor de un automóvil que circulaba en sentido contrario, acompañado por su hija, quien resultó lesionada. La modificación de la acusación se fundamentó en nuevas pericias que permitieron determinar con mayor precisión el lugar exacto del impacto entre ambos vehículos.
Durante la audiencia ante un juez de garantías, la fiscalía detalló que el imputado circulaba “momentos antes de las 04:20 horas, en dirección Viedma – El Cóndor al mando de un automóvil Volkswagen Virtus que conducía sin el debido cuidado y prevención, sin conservar el dominio efectivo del rodado y con un nivel de alcoholemia estimado entre 2,02 g/l y 2,17 g/l”.
Asimismo, se precisó que “a la altura del kilómetro 8,98 el imputado invadió el carril contrario, impactando de manera frontal con el vehículo que conducía la víctima en dirección opuesta”. Las pericias confirmaron que en el lugar había líneas discontinuas blancas.
La fiscalía anunció que presentará antes del 30 de septiembre el requerimiento de apertura a juicio. La querella adhirió a esta postura, mientras que la defensa no presentó objeciones, y el juez de garantías homologó la reformulación de los cargos y prorrogó la investigación preparatoria hasta esa fecha.
En la misma audiencia, el abogado defensor solicitó la suspensión de juicio a prueba para su cliente, reconociendo el consumo de alcohol y ofreciendo medidas como reparación económica, autoinhabilitación para conducir, un curso de conducción, tratamiento psicológico y la continuidad de prohibiciones ya impuestas, como abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes.
Tanto la fiscalía como la querella se opusieron al pedido. La querella sostuvo que la propuesta de reparación no compensa el sufrimiento de la familia y adelantó que solicitará pena de prisión efectiva. La fiscalía coincidió y destacó que la pena aplicable oscila entre tres y seis años de prisión, subrayando que el caso debe resolverse en un juicio oral y público debido a la gravedad del nivel de alcoholemia y el riesgo generado en una ruta de alto tránsito.
El juez de garantías definirá ahora si concede o no la suspensión de juicio a prueba solicitada por el imputado, mientras que la investigación continuará hasta el 30 de septiembre y se mantienen las medidas cautelares vigentes.
Fuente: Medios.
