El sistema de registro de asistencia mediante reconocimiento facial continúa extendiéndose en el Ministerio de Salud de Río Negro, mientras se multiplican las presentaciones judiciales para cuestionar su implementación. Según el relevamiento provincial, 3.384 agentes públicos ya están incluidos en el padrón, una cifra cercana a la mitad del personal de esa cartera.
La herramienta fue incorporada en 20 hospitales, alrededor de otros 20 centros sanitarios y la sede central del ministerio. Entre los establecimientos de mayor tamaño que todavía restan incorporarse se encuentran los hospitales de San Carlos de Bariloche y Viedma.
El avance del sistema se produce en paralelo a una controversia impulsada por trabajadores y organizaciones sindicales, que cuestionan la obligatoriedad del registro biométrico, el uso de datos personales y las funciones de geolocalización. Aunque varios planteos tuvieron resultados favorables para la Provincia, los fallos conocidos no establecen una resolución judicial única sobre la legalidad del mecanismo.
Qué hospitales concentran más trabajadores registrados
El hospital Área Programa de General Roca encabeza el relevamiento, con 709 agentes. En segundo lugar se encuentra el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, con 659 trabajadores incluidos en el padrón.
También se destacan los siguientes establecimientos:
- Allen: 265 agentes.
- Choele Choel: 240.
- Cinco Saltos: 213.
- Catriel: 185.
- Ingeniero Huergo: 106.
- Lamarque: 102.
- San Antonio Oeste: 89.
- Luis Beltrán: 84.
- Fernández Oro: 80.
- Chimpay: 60.
- Cervantes: 51.
- Chichinales: 48.
- El Cuy: 45.
- Coronel Belisle: 33.
- Pomona: 27.
El registro también contempla centros de atención primaria. El CAPS Balsa Las Perlas cuenta con 24 agentes; el centro de salud Anai Mapu, con 16; Don Bosco, con nueve; El 30, con ocho; CAPS Ferri, con siete; y los centros de salud Hna. Magdalena y La Costa Norte, con cinco trabajadores cada uno. En conjunto, el relevamiento informado por la Provincia alcanza los 3.384 agentes.
Cómo funciona el registro biométrico
El sistema fue establecido mediante la Resolución 986/2026 de la Secretaría de la Función Pública. La normativa dispone su incorporación para los trabajadores comprendidos en las leyes provinciales 1844 y 1904 que se desempeñan en el organismo central y en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud.
La marcación de asistencia puede realizarse a través de terminales instaladas en los lugares de trabajo o mediante una aplicación móvil oficial. El mecanismo utiliza reconocimiento de rasgos faciales e incorpora funciones de geolocalización para verificar que el registro se efectúe desde el lugar de prestación de servicios.
La resolución establece un plazo de 15 días corridos desde la instalación de las terminales en cada dependencia para completar el procedimiento de registro. Una vez vencido ese período, el mecanismo pasa a ser obligatorio como medio válido para acreditar la jornada laboral.
Además, la normativa contempla la posibilidad de iniciar actuaciones sumariales ante incumplimientos, uno de los puntos que genera objeciones entre los trabajadores que se niegan a proporcionar sus datos biométricos.
Qué cuestionan los trabajadores y los sindicatos
La controversia excede el control horario. Las presentaciones judiciales apuntan principalmente a la obligatoriedad del reconocimiento facial, la captación y el tratamiento de información biométrica y el uso de herramientas de geolocalización.
La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) sostuvo en su presentación que el sistema compromete derechos vinculados con la privacidad y la autodeterminación informativa. También advirtió sobre los riesgos asociados al almacenamiento y la eventual circulación de datos considerados sensibles.
En respuesta a esos cuestionamientos, la Provincia informó en el expediente que el sistema no conserva la fotografía del rostro capturado, sino que registra rasgos faciales no fotográficos mediante ecuaciones matemáticas.
Asimismo, señaló que el Estado provincial es responsable de los datos y que Altec interviene como encargada del tratamiento tecnológico, bajo instrucciones oficiales.
Qué resolvió la Justicia hasta ahora
La implementación del registro facial dio lugar a distintas presentaciones judiciales, con decisiones que variaron según el expediente y la instancia de análisis.
Uno de los primeros antecedentes se produjo en septiembre, cuando la Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a una medida cautelar presentada por Asspur y suspendió la aplicación de la Resolución 986/2026 hasta que se agotara la vía administrativa.
Posteriormente, el gobernador Alberto Weretilneck resolvió el reclamo administrativo del sindicato mediante el Decreto 903/2026 y ratificó la implementación del sistema.
En octubre, la Cámara del Trabajo de Viedma rechazó una medida cautelar solicitada por UPCN para impedir que se exigiera el registro facial a trabajadores que se habían opuesto a utilizarlo. La resolución del 13 de octubre no definió de manera definitiva la legalidad del mecanismo: los jueces consideraron que la controversia de fondo requiere un análisis más amplio.
Dos días después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la apelación de una trabajadora contra el sistema. Sin embargo, aclaró que esa decisión no implicaba un pronunciamiento sobre su constitucionalidad. Entre los fundamentos, señaló que no se había acreditado que el mecanismo estuviera instalado o próximo a funcionar en el establecimiento donde trabajaba la demandante, ni que las vías administrativas y judiciales ordinarias fueran insuficientes.
Por otro lado, la Cámara Segunda del Trabajo de Roca declaró inconstitucional la obligatoriedad del registro. Frente a esa sentencia, el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, recomendó al Superior Tribunal de Justicia hacer lugar a la apelación del Gobierno provincial y revocar la decisión.
Este último expediente debe diferenciarse de aquellos en los que los tribunales rechazaron planteos por cuestiones procesales sin resolver el fondo de la controversia. De esta manera, mientras el registro continúa extendiéndose en el sistema público de Salud, sigue abierta la discusión judicial sobre sus alcances y su compatibilidad con los derechos de los trabajadores.
Fuente: Medios
