La Justicia neuquina resolvió a favor de la ex vicegobernadora depuesta Gloria Ruiz, al revocar parcialmente la inhibición general de bienes que había sido ordenada por el juez de garantías Lucas Yancarelli.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Revisión, integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y la jueza Carolina García, tras analizar el pedido presentado por la defensa de Ruiz el pasado 17 de octubre. Los magistrados coincidieron en que la medida dispuesta por el juez “resultó excesiva y carente de fundamentación contable”.
Según la resolución, “este tipo de medidas no puede ser tomada de manera amplia”, y cuando existen bienes determinados, debe procederse mediante embargos específicos por montos concretos. El tribunal señaló que el juez no explicó los criterios utilizados para fijar el monto cautelar, ni se basó en una pericia contable, sino en un cálculo aproximado.
Asimismo, los jueces advirtieron que la inhibición genérica dictada afectaba todos los bienes registrables de la imputada, incluyendo cuentas jubilatorias que son inembargables, sin tener en cuenta si el valor total de esos bienes excedía el monto que la fiscalía buscaba cautelar.
En consecuencia, y por unanimidad, el Tribunal dispuso revocar parcialmente la decisión de Yancarelli respecto a la medida de inhibición general de bienes.
La causa penal
Gloria Ruiz, junto a su hermano Pablo, excoordinador de la Casa de las Leyes, fue imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. También fueron acusadas Isabel Richini, exsecretaria de Cámara de la Legislatura, y Élida Noemí Sánchez, ex prosecretaria administrativa.
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes pasado, el fiscal Juan Narváez detalló que Ruiz incrementó su patrimonio sin poder justificarlo luego de asumir como vicegobernadora. El caso central se basa en la compra de una camioneta Toyota SW4, valuada en $76.837.220, en junio de 2024, mientras que su salario como funcionaria oscilaba entre $2 y $5 millones mensuales.
El Ministerio Público Fiscal pidió que Ruiz explique el origen de los fondos, pero las justificaciones (ventas de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta) fueron consideradas insuficientes.
“El aumento patrimonial no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, sostuvo el fiscal Narváez.
La causa, registrada bajo el número LEG 327665, tendrá un plazo de investigación de cuatro meses, luego de que el juez rechazara el pedido de la fiscalía para declararla causa compleja.
Fuente: Medios
