El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos personas por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma y atentado contra la autoridad, en el marco de dos hechos ocurridos durante la madrugada de este miércoles.
Según expuso la fiscal de feria en la audiencia realizada este jueves, el primer episodio tuvo lugar el 21 de enero de 2026 alrededor de la 1:10 en la intersección de las calles Gelonch y San Juan. Allí, los imputados, que se desplazaban en una motocicleta, interceptaron a un joven que se encontraba junto a tres amigos y, exhibiendo un arma de fuego tipo revólver, le exigieron la entrega de una motocicleta Honda XR 150 cc.
Tras un forcejeo, los sospechosos se dieron a la fuga sin concretar el robo del vehículo, aunque se apoderaron de un bolso que contenía botines, camisetas, pantalones de fútbol y una bandera.
Minutos después, se produjo el segundo hecho a la vera del denominado Canal Grande, sobre calle Gelonch entre Rosario de Santa Fe y Aníbal Troilo. En ese lugar, los imputados interceptaron a otros dos jóvenes, los amenazaron con un arma de fuego y exigieron sus pertenencias, realizando un disparo al suelo.
Al advertir la presencia policial, intentaron escapar en la motocicleta, pero cayeron y efectuaron al menos seis disparos contra el personal policial. Tras una breve persecución, ambos fueron reducidos y detenidos por los uniformados.
La Fiscalía calificó el primer hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso y en carácter de coautores. El segundo fue encuadrado como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con atentado a la autoridad agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autores. Además, uno de los imputados fue acusado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
La jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y, a pedido de la Fiscalía, dispuso la prisión preventiva de ambos hasta el mes de mayo, al considerar acreditados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
