La licitación para reprivatizar las represas del Comahue volvió a encender una vieja disputa: quién debe manejar los recursos hídricos de la Patagonia. La medida cautelar presentada por los senadores Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate y Silvia García Larraburu apunta a frenar el proceso impulsado por el Ministerio de Economía, que prevé vender el 100% de las concesionarias Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Los legisladores advirtieron que el pliego “ignora el rol de las provincias” y denunciaron que no se cumplió con la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, paso previo exigido por ley. En paralelo, propusieron un modelo mixto que garantice una participación del 50% para Neuquén y Río Negro, junto con la obligación de reinvertir utilidades en nuevas obras hidroeléctricas locales.
El debate tiene un trasfondo que trasciende lo técnico. Con la campaña electoral en marcha, el tema se coló en la agenda política y enfrenta a la Casa Rosada con los gobiernos de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, que buscan mantener presencia en un sector estratégico para sus economías.
Mientras tanto, las provincias insisten en que el control de los recursos naturales debe permanecer en manos locales. “No se trata solo de energía, sino de soberanía y desarrollo regional”, remarcan desde los equipos técnicos patagónicos.
La Justicia federal deberá decidir ahora si suspende el avance del proceso licitatorio. Más allá del fallo, la pulseada por el agua promete seguir siendo uno de los ejes centrales en la relación entre el Gobierno nacional y el bloque patagónico.
