La audiencia de impugnación prevista para este jueves 29 de octubre fue suspendida luego de que las defensas cuestionaran que los seis imputados pudieran presentarse sin sus abogados. Las organizaciones sociales denunciaron irregularidades en el proceso y sostuvieron que la Fiscalía busca revertir la resolución de la jueza que desvinculó a varios acusados de la causa.
La audiencia de impugnación de la causa Viento Sur, prevista para este jueves 29 de octubre, fue cancelada. La suspensión fue confirmada por las organizaciones sociales cuyos integrantes están imputados en el expediente, que habían cuestionado la posibilidad de que los seis acusados comparecieran sin sus abogados defensores.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que la decisión se produjo después de que plantearan la gravedad de realizar la audiencia sin la presencia de sus representantes legales. También recordaron que habían solicitado formalmente una prórroga de 15 días debido a que sus defensores se encontraban fuera de la región.
El Tribunal de Impugnación está integrado por los jueces Federico Sommer, Estefanía Sauli y Richard Trincheri. Antes de conocerse la suspensión, las organizaciones habían cuestionado la decisión de mantener la fecha de la audiencia y denunciado que se ponía en riesgo el derecho de defensa.
La controversia se originó cuando la oficina judicial encargada de organizar las audiencias fijó la fecha dentro del período en el que el abogado Fernando Diez había informado que no podría asistir. Según la defensa, el letrado había solicitado por escrito, varios meses antes, que no se programaran audiencias entre el 27 de octubre y el 12 de noviembre.
Las críticas de los abogados y las organizaciones sociales
Antes de la cancelación, el abogado Mariano Pedrero había cuestionado la posibilidad de que los seis imputados llegaran a la audiencia sin representación legal. Según explicó, las defensas solicitaron revisar la decisión y postergar la instancia, pero ambos planteos fueron rechazados luego de que la Fiscalía argumentara que una de sus integrantes tenía un vencimiento procesal.
“Cuando en la Fiscalía hay un equipo de siete fiscales y cualquiera tiene facultades para presentarse”, cuestionó Pedrero. “Claramente se privilegiaron los intereses de la Fiscalía dejando sin abogados defensores a los imputados”.
El abogado calificó lo ocurrido como “un hecho sin precedentes en una causa que tiene ya casi tres años”. Además, planteó cuestionamientos sobre la integración del tribunal y mencionó que uno de sus integrantes había sido recusado por una de las defensas.
Las organizaciones sociales, por su parte, sostuvieron que la insistencia en mantener la fecha de la audiencia, pese a que se había informado la ausencia de los abogados, ponía en duda la imparcialidad del procedimiento. Desde esa perspectiva, afirmaron que el objetivo de la Fiscalía sería revertir la resolución previa de la jueza de garantías Natalia Pelosso.
En el comunicado también destacaron que la magistrada había descartado la existencia de un desvío de fondos y de enriquecimiento. Tras la suspensión, anunciaron que permanecerán en estado de alerta y movilización.
Qué se discute en la causa Viento Sur
La audiencia suspendida debía revisar la resolución que Pelosso dictó el 5 de octubre. En ese fallo, la jueza sobreseyó a los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino y resolvió que el referente de la cooperativa, Diego Mauro, fuera el único acusado en condiciones de enfrentar un juicio.
De los seis imputados vinculados con la cooperativa, cinco quedaron fuera del juicio luego de que la magistrada aceptara la suspensión del juicio a prueba. Mauro, en cambio, quedó acusado de administración fraudulenta, aunque también obtuvo sobreseimientos parciales respecto de algunos de los movimientos investigados.
La resolución descartó la hipótesis de una connivencia entre funcionarios provinciales y la cooperativa y no aceptó la coautoría planteada por la Fiscalía. El fiscal jefe Pablo Vignaroli impugnó la decisión para que el Tribunal de Impugnación la revoque y el caso llegue a juicio oral con todos los acusados.
Una investigación por más de $1.200 millones
La causa se originó a partir de fondos públicos transferidos a una cooperativa para desarrollar un programa de capacitación laboral destinado a integrantes de organizaciones sociales. Los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2022 y 2023, durante la gestión provincial de Omar Gutiérrez. Según la acusación, la cooperativa reúne a integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Polo Obrero.
La Fiscalía calculó el presunto perjuicio económico en $1.208.657.600 a valores históricos. De acuerdo con la hipótesis acusatoria, los pagos se realizaron pese a dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia y se aceptaron rendiciones de gastos incompletas o inconsistentes.
Las defensas rechazan esa interpretación y sostienen que no hubo delito, ya que los pagos a particulares estaban contemplados en el decreto que creó el programa.
La resolución de Pelosso todavía no está firme y todos los imputados conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
Fuente: Medios.
