La discusión sobre la posible compra de tierras en zonas de frontera por parte de capitales extranjeros volvió a instalarse en la agenda política de Río Negro. En ese contexto, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que actualmente no existen propiedades rurales en manos de sociedades extranjeras dentro de la provincia y defendió los controles vigentes sobre este tipo de operaciones.
“La ley es clara, tienen que ser sociedades argentinas y en el caso de la provincia de Rio Negro, los propietarios de las tierras en nuestra provincia son sociedades argentinas”, sostuvo el mandatario durante una actividad realizada en Bariloche, donde participó de una conferencia del urbanista colombiano-francés Carlos Moreno.
Weretilneck remarcó que el Gobierno provincial no detectó irregularidades vinculadas a la titularidad extranjera de tierras rurales bajo la normativa actual.
“Por lo tanto, nosotros hoy no tenemos detectado ningún titulo de propiedad en manos de sociedades extranjeras en la provincia de Río Negro”, afirmó.
El planteo del gobernador se dio mientras en el Congreso nacional avanza el debate sobre una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que propone modificar la ley que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La iniciativa forma parte del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” y plantea eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por ciudadanos o empresas extranjeras. Sin embargo, establece que cada provincia tendrá la potestad de autorizar o rechazar esas operaciones, de acuerdo con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales.
El proyecto sí mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras rurales.
Frente a ese escenario, Weretilneck aclaró que cualquier modificación futura deberá ser analizada una vez aprobada la nueva legislación. “Si la ley nueva cambia eso será otra situación a analizar, pero hoy nosotros no tenemos registrado propiedades en la provincia a manos de sociedades extranjeras”, señaló.
El antecedente de Somuncura
Durante sus declaraciones, el gobernador recordó uno de los antecedentes más importantes vinculados a la recuperación de tierras fiscales en Río Negro.
Mencionó el caso ocurrido durante su primera gestión, cuando en 2013 la Legislatura provincial aprobó una ley para reincorporar al patrimonio estatal más de 24.000 hectáreas ubicadas en la Meseta de Somuncura.
Según se determinó en aquel momento, esas tierras habían sido adjudicadas mediante maniobras fraudulentas, situación que derivó en la anulación completa de la operación inmobiliaria.
“Cuando hubo maniobras con la venta de tierras fiscales, la provincia las recuperó”, recordó Weretilneck.
El proyecto de Odarda y la polémica por tierras vinculadas a Emiratos Árabes
La discusión volvió a cobrar fuerza esta semana luego de que la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentara un proyecto de ley para anular una operación inmobiliaria que involucró la compra de 14.689 hectáreas en la zona cordillerana de Río Negro con fondos provenientes de los Emiratos Árabes Unidos.
El caso tomó estado público tras la declaración judicial del ex piloto Hugo Barabucci, quien aseguró ante un tribunal de Bariloche que adquirió esas tierras mediante una donación cercana a los dos millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos.
Barabucci declaró en el marco de un juicio por usurpación contra una mujer mapuche que finalmente fue absuelta por el tribunal integrado por el juez Marcelo Álvarez Melinger.
A partir de esa situación, Odarda impulsó un proyecto que instruye a la Fiscalía de Estado de Río Negro a iniciar una acción judicial de lesividad para buscar la nulidad de las operaciones inmobiliarias vinculadas a las tierras adquiridas en zona de frontera.
La iniciativa también solicita que el Gobierno provincial avance en la recuperación de la posesión del inmueble y en la regularización jurídica de esas tierras.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora advirtió sobre el uso de sociedades y fideicomisos integrados por personas con DNI argentino como supuestos intermediarios para facilitar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
“Empresas y fideicomisos con integrantes con DNI argentino (…) actúan como ‘personas interpuestas’ según la ley 26.737, sirviendo como vehículo jurídico para que los Estados nombrados compren tierras en nuestro territorio provincial”, sostuvo Odarda.
Además, cuestionó los controles estatales sobre este tipo de operaciones y alertó sobre la importancia estratégica y ambiental de las zonas involucradas.
“Estas maniobras de simulación ilícita y fraudulenta a la legislación argentina (…) han ocurrido ante controles nulos por parte del gobierno provincial”, enfatizó.
Fuente: Medios.
