Uno de los despidos alcanzó a Jonathan Alberto Muñoz, quien se desempeñaba como planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La Provincia había resuelto su desvinculación, pero aguardó hasta que quedara firme la sentencia condenatoria dictada el 16 de julio de 2025.
Muñoz fue declarado responsable del delito de comercio de estupefacientes y recibió una pena de cinco años de prisión efectiva. Según consta en el decreto de cesantía, la Justicia acreditó que entre el 22 de abril y el 12 de junio de 2025 comercializó clorhidrato de cocaína y marihuana desde su domicilio, ubicado en el barrio Valentina Norte Rural de Neuquén capital.
La baja fue dispuesta con carácter retroactivo al 4 de agosto de 2025. En la resolución se consideró que el delito por el que fue condenado resulta incompatible con el desempeño de funciones en la administración pública y que la sentencia configuró una causal objetiva para perder la estabilidad laboral, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de Neuquén (E.P.C.A.P.P.).
Antecedentes de despidos por narcotráfico
Muñoz no es el primer trabajador estatal condenado por narcotráfico que es desvinculado durante la gestión de Rolando Figueroa. En septiembre de 2024 se habían conocido los despidos de Juan Carlos Santana y Julio César Blanco, ambos condenados por la Justicia Federal y con ingreso al Estado durante gestiones anteriores.
Dos policías quedaron fuera de la fuerza
Las otras dos cesantías concretadas este lunes correspondieron a integrantes de la Policía de Neuquén que acumularon sanciones disciplinarias por encima del límite establecido por la normativa.
Uno de ellos fue el ahora ex cabo primero Juan Javier Tranaman. La Jefatura de Policía solicitó su destitución por cesantía al Poder Ejecutivo el 3 de marzo de 2026, luego de constatar incumplimientos al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y a la Ley Orgánica y de Personal de la Policía provincial.
De acuerdo con la resolución, Tranaman acumuló 75 días de arresto policial por distintas faltas cometidas entre el 4 de julio y el 18 de noviembre de 2025. La normativa establece que la acumulación de más de 60 días de arresto o de 20 días de suspensión durante un año constituye causal de cesantía. El documento oficial también señala que el efectivo no presentó ningún recurso administrativo dentro del plazo establecido.
El tercer despido alcanzó al ex cabo primero Marcelo César Ortega, también por incumplimientos contemplados en las mismas normas disciplinarias. En su caso, la Jefatura de Policía solicitó la destitución el 4 de noviembre de 2025, luego de que acumulara 63 días de arresto entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de ese año.
Ortega presentó un recurso administrativo contra una de las sanciones recibidas, pero la presentación fue rechazada y el castigo quedó ratificado. Con esa resolución, la Provincia avanzó finalmente con su cesantía.
Fuente: Medios
