“No lo puede encontrar la Policía ni la Justicia”. Con esa frase, Alejandra Oehrens, subsecretaria de las Mujeres de la ciudad de Neuquén, expuso la situación de extrema gravedad que atraviesa una mujer cuya expareja permanece prófuga, pese a tener un pedido de captura vigente y una condena por hechos vinculados con violencia de género.
El acusado es Jonathan Fabián Ulloa, conocido como “el Tanke”, quien acumula 32 incumplimientos de medidas de protección y 15 incumplimientos de las reglas de conducta impuestas por la Justicia, según detallaron las funcionarias municipales. Además, enfrenta denuncias por amenazas y episodios de extrema violencia contra su expareja, madre de una de sus hijas.
Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko, las trabajadoras de la Subsecretaría decidieron exhibir públicamente carteles con el rostro y el nombre del hombre. Según explicaron, se trata de una decisión excepcional, tomada ante el riesgo que representa para la víctima y la falta de resultados para localizarlo.
“Le pedimos ayuda a toda la comunidad, queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar”, expresó Oehrens, al solicitar la difusión de la información para contribuir a dar con su paradero.
Las funcionarias advirtieron que, pese a la orden de captura, el hombre continúa enviando amenazas y mensajes a través de redes sociales. Entre los episodios mencionados, señalaron que recientemente le habría enviado a la mujer una fotografía de un tatuaje con la frase: “Siempre serás tú hasta que mi corazón deje de latir”.
El historial denunciado incluye reiterados incumplimientos de las órdenes judiciales, amenazas de muerte y un episodio en el que, según las funcionarias, habría intentado ingresar al domicilio de la víctima con un bidón de nafta, mientras afuera se encontraba una consigna policial.
La víctima permanece con custodia policial en su casa
Uno de los aspectos más preocupantes que expusieron las trabajadoras es que, mientras el acusado permanece prófugo, la mujer debe permanecer bajo custodia policial dentro de su vivienda.
“Tiene vida normal, maneja un Uber, y ella está encerrada en la casa con sus hijos”, señalaron durante la conferencia. Según Oehrens, el hombre habría continuado trabajando e incluso habría estado alojado recientemente en un domicilio ubicado a pocos metros de la Comisaría 16.
Ante el riesgo que enfrenta la víctima, se dispuso una consigna policial permanente dentro de su casa, a cargo de la Comisaría 19. La medida busca protegerla frente a la posibilidad de que el agresor concrete las amenazas, pero también limita su vida cotidiana.
“Encerrada en la casa con sus hijos, sin poder salir ni a comprar pan”, describió la subsecretaria al referirse a las condiciones en las que vive la mujer.
Una condena condicional y un pedido de captura vigente
El expediente se inició en julio de 2025 en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 6, a cargo de la jueza Adriana Luna. En ese ámbito se dispusieron medidas cautelares contra Ulloa, entre ellas la implementación de un dispositivo dual de monitoreo.
El 19 de febrero de 2026, la intervención judicial derivó en una causa penal. En ese proceso se le formularon cargos por tres hechos de amenazas y 12 hechos de desobediencia a órdenes judiciales. También se establecieron cuatro meses de investigación y se dispuso su prisión preventiva por dos meses, debido al riesgo para la integridad de la víctima, el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.
Posteriormente, el 3 de julio de 2026, se homologó un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la querella, representada por la Subsecretaría de las Mujeres.
Como resultado, Ulloa recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, con un plazo de cuatro años sin cometer nuevos delitos y la obligación de cumplir determinadas reglas de conducta.
Sin embargo, según la reconstrucción presentada por las funcionarias, desde julio volvió a incumplir las restricciones y retomó el contacto con la mujer a través de distintas redes sociales.
El 9 de octubre se había fijado una audiencia para solicitar la revocación de la condicionalidad de la pena y que esta se cumpliera de manera efectiva. Ulloa no se presentó y se habría quitado la tobillera electrónica. Ese mismo día, a pedido de la Fiscalía y la querella, se ordenó declararlo en rebeldía y emitir el pedido de captura que continúa vigente.
Críticas a la respuesta de los organismos estatales
Durante la conferencia, las trabajadoras cuestionaron la falta de coordinación entre los organismos que intervienen en la protección de mujeres en situación de violencia de género. Sostuvieron que, pese a las medidas judiciales, el acusado sigue prófugo y la víctima permanece expuesta a un riesgo extremo.
“Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él”, reclamaron. También cuestionaron las respuestas del Ministerio de Seguridad y de la Oficina de Mujeres, al considerar que las diferencias entre las instituciones no se traducen en soluciones concretas para la víctima.
“Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas”, advirtió Oehrens, al señalar las dificultades que enfrentan para obtener respuestas oportunas ante situaciones de violencia.
Las funcionarias indicaron, además, que el área Legal inició 16 nuevos expedientes judiciales durante septiembre y octubre y que otras 20 causas presentan retrasos en su tramitación. Según explicaron, esas demoras pueden interrumpir las medidas de protección y dejar a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“Somos las que trabajamos con las víctimas todos los días, nosotras somos la conexión de las mujeres para que tengan una vida digna, para que tengan igualdad de derechos”, expresaron las integrantes del equipo municipal.
93 casos de riesgo extremo y nuevas denuncias
La situación de la expareja de Ulloa fue presentada en el marco de la atención que brinda la Subsecretaría de las Mujeres a víctimas de violencia de género con riesgo extremo de femicidio.
Las funcionarias informaron que durante septiembre y octubre asistieron a 79 mujeres clasificadas en código rojo, una categoría que identifica situaciones de peligro extremo. De ese total, 19 fueron derivadas al área de atención psicológica y 16 situaciones fueron judicializadas. Durante la conferencia también mencionaron 93 casos de riesgo extremo abordados en ese período.
El equipo advirtió que ninguna de las mujeres asistidas cuenta con empleo formal y que el 90% tiene niños o niñas a cargo. También señalaron dificultades para acceder a tratamientos médicos, medicamentos y oportunidades laborales.
Según explicaron, la persecución de los agresores y la presencia permanente de patrulleros en los domicilios dificultan que las víctimas puedan trabajar y sostener su autonomía económica.
Las trabajadoras también alertaron sobre las consecuencias psicológicas de la violencia sostenida, incluidos los intentos de suicidio, y mencionaron antecedentes de mujeres que atravesaron situaciones de extrema gravedad después de sufrir ataques de sus exparejas.
Al cierre de la conferencia, las funcionarias reconocieron que hacer pública la identidad del acusado también las expone a riesgos, pero sostuvieron que decidieron avanzar ante la falta de respuestas y la urgencia del caso.
“Ya pasamos la instancia de hablar de las capacitaciones en derechos. Ahora estamos al borde de que Ulloa mate a esta mujer”, advirtieron, al insistir en la necesidad de que se concrete la captura y se garantice la protección de la víctima.
Fuente: Medios
