La reciente orden judicial de desalojar el camping ubicado al norte de Puerto Elma, en la zona del lago Nahuel Huapi, reavivó el histórico conflicto entre la comunidad mapuche Paicil Antriao y el Poder Judicial de Neuquén. La notificación, firmada por el juez Francisco Astoul Bonorino, llegó el jueves pasado y otorgó cinco días para abandonar el predio, lo que generó un clima de total incertidumbre en Villa La Angostura.
El gobierno provincial ya había intentado, a comienzos de este año, promover una mediación en la zona debido a la presencia de adultos mayores, niños y adolescentes. Sin embargo, la nueva orden vuelve a tensar un conflicto que lleva más de una década y que tiene como eje la disputa sobre la territorialidad ancestral.
En declaraciones radiales, el lonco Damián Olivero afirmó que la medida “quiebra cualquier instancia de negociación”. Aseguró que la comunidad mantendrá la ocupación del predio y denunció que la resolución desconoce el relevamiento territorial en curso, originalmente amparado por la Ley 26.160, ya derogada, que suspendía desalojos hasta completar los estudios técnicos. “La justicia y el gobierno no están resolviendo nada. Vamos a resguardar el lugar como hacemos siempre”, señaló.
El camping, identificado en expedientes como Quilla Hue, forma parte de una trama compleja de litigios con propietarios privados e inmobiliarias. Olivero advirtió sobre un posible “efecto dominó” que podría acelerar otros desalojos en la localidad, donde distintas comunidades declararon estado de alerta y mantienen presencia activa en el predio ante una eventual intervención policial.
El Tribunal Superior de Justicia ya había emitido fallos en los últimos años ordenando la restitución de inmuebles en la zona de Puerto Elma, entre ellos uno reclamado por la familia Bianchedi de Terzolo. En 2024, el TSJ confirmó que parte de esos terrenos debía volver al municipio de Villa La Angostura, y durante 2025 se frenaron nuevos intentos de desalojo mediante apelaciones, mientras organismos de derechos humanos reclamaban avanzar en el relevamiento técnico territorial.
La derogación de la Ley 26.160 dejó a las comunidades sin la protección que suspendía los desalojos, lo que para el Lof Paicil Antriao explica el avance de esta nueva resolución judicial.
Si no surge una instancia de negociación política, la posibilidad de un operativo policial es concreta. La comunidad asegura que no abandonará el predio, pero sostiene que está dispuesta al diálogo. “No queremos el conflicto, pero tampoco un desalojo forzado”, advirtió Olivero, quien recordó antecedentes de operativos “muy violentos” en la localidad.
Un territorio en disputa: quiénes reclaman las tierras
En Villa La Angostura existen al menos 12 conflictos activos por reivindicación territorial vinculados al Lof Paicil Antriao. Según informaron medios locales, entre los propietarios que reclaman superficies se encuentran:
- Lorenzo Ángel García Miglione: 6,39 hectáreas.
- Manu Ginóbili: juicio abierto por 12,47 hectáreas.
- Federico Horacio Sommariva: 1 hectárea.
- María Alastenia Barría: 10,99 hectáreas.
- Pérez Calvo, Caffe, Raviol y Corvalán: 4,93 hectáreas en diferentes proporciones.
- Néstor Martín Bianchini y Jorge Emilio Bernardini: 4,03 hectáreas.
- William Henry Fisher: dos parcelas que suman 14,5 hectáreas.
- Familia Valdivia y Álvarez: 99,99 hectáreas en condominio.
- Margareta Theresa Hofer, Gabriel Fernando Cedrote y Rodolfo Aníbal Ocampo: terrenos menores a 1 hectárea.
- Hermanos Salamida: 21,59 hectáreas en partes iguales.
Con múltiples actores involucrados, decisiones judiciales contradictorias y un relevamiento territorial inconcluso, la nueva orden de desalojo vuelve a tensar uno de los conflictos territoriales más complejos y prolongados de Villa La Angostura.
Fuente: Medios
