La Comarca Viedma-Patagones se encuentra conmocionada por un nuevo escándalo vinculado a la difusión y venta de imágenes íntimas de mujeres, adolescentes y menores de edad a través de un grupo de Telegram llamado “Putitas Viedma y Patagones”. Más de 200 víctimas denunciaron haber sido expuestas sin consentimiento y exigen justicia ante un caso que reaviva el debate sobre la violencia digital y de género.
Según la investigación judicial, el grupo habría estado integrado por al menos 80 hombres que intercambiaban material íntimo a cambio de nuevas imágenes. Para acceder, los participantes debían aportar fotos de otras mujeres, lo que generó un circuito de violencia que se extendió por toda la Comarca. Parte de las imágenes, según la Fiscalía N.º 3 de Viedma a cargo de José Chirinos, podrían haber sido obtenidas mediante hackeos, robo de teléfonos o extorsiones.
En las últimas semanas se realizaron allanamientos, entre ellos en una vivienda del barrio Santa Clara, donde se secuestraron dispositivos electrónicos.
Las víctimas apuntan a Rodrigo Nicolás Mora como presunto administrador del grupo y a un técnico en reparación de celulares, identificado como Sebastián León, quien habría accedido sin autorización a cuentas personales y galerías fotográficas.
Las denunciantes, que continúan siendo acompañadas por organizaciones feministas y la Comisión de Mujeres y Disidencias (CODEMU), advirtieron que la difusión del material aún no cesó y que viven con miedo por la exposición de sus datos personales. En redes sociales reclaman “condena social y judicial” para los responsables y aseguran que “la seguridad de todas las chicas de la Comarca está en riesgo”.
La legisladora provincial Maricel Cévoli expresó su repudio y exigió una respuesta urgente de la Justicia: “Nuestra comunidad sufre nuevamente un ataque que pone en evidencia la vulneración constante que sufrimos como mujeres. La Justicia debe actuar con inmediatez y eficiencia”.
Cévoli calificó el hecho como “una manifestación extrema de violencia estructural y ética” y subrayó que “el silencio ante estos delitos solo perpetúa la violencia”. También destacó el rol de la CODEMU por su acompañamiento y contención a las víctimas, y llamó a fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y reparación.
El Ministerio Público analiza ahora la posible comisión del delito de distribución de material de abuso sexual infantil, dado que algunas imágenes corresponderían a víctimas menores de edad. Mientras tanto, las organizaciones feministas insisten en que el caso debe marcar un antes y un después en la protección de la intimidad y los derechos digitales de las mujeres.
