El conflicto por el sistema de control biométrico facial para los trabajadores de Salud de Río Negro sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Cámara Laboral de Viedma suspendiera la aplicación del mecanismo en los hospitales hasta que se resolviera el recurso administrativo presentado por el gremio Asspur, el Gobierno provincial avanzó con una definición.
Este lunes, mediante el decreto N.º 903, publicado en el último Boletín Oficial, el gobernador Alberto Weretilneck ratificó la implementación del sistema y su carácter obligatorio para el personal de Salud.
La decisión llegó después de que, la semana pasada, la Cámara Laboral de Viedma ordenara suspender temporalmente el control mediante reconocimiento facial mientras se esperaba una respuesta de la administración provincial.
En agosto, Asspur había presentado un recurso administrativo contra la implementación del sistema. Ante la falta de respuesta, el gremio acudió a la Justicia y obtuvo la medida cautelar que frenó provisoriamente el mecanismo en los hospitales.
El sistema biométrico facial generó distintas presentaciones ante el Poder Judicial. Hasta el momento, se contabilizan cerca de un centenar de acciones, entre ellas algunas impulsadas por sindicatos y agentes estatales.
Entre los antecedentes se encuentran resoluciones del camarista roquense Ambrosio Huenumilla, quien declaró inconstitucional la normativa que establece la aplicación del sistema.
Sin embargo, uno de los pronunciamientos de mayor impacto fue el de la Cámara Laboral de Viedma, que dispuso la suspensión temporal del mecanismo. Esa resolución aceleró la respuesta administrativa del Gobierno provincial.
El decreto firmado por Weretilneck rechazó el planteo de Asspur y confirmó la obligatoriedad del control biométrico, aunque también reconoció algunas deficiencias en el proceso de implementación. Entre ellas, mencionó la falta de información brindada al personal y dispuso ampliar las garantías relacionadas con el tratamiento de los datos.
La posición oficial sostiene que no es necesario contar con el consentimiento individual de los trabajadores para registrar su asistencia, dado que se trata de una facultad vinculada con la relación de empleo público.
“No hay, por tanto, un consentimiento arrancado bajo amenaza, porque no hay un consentimiento que la ley exija”, sostiene el decreto.
El Gobierno también fundamentó la medida en las excepciones contempladas por el artículo 5 de la Ley 25.326, que permiten el tratamiento de datos sin consentimiento en determinadas circunstancias, entre ellas cuando se realiza en ejercicio de funciones propias del Estado o cuando resulta necesario para una relación contractual.
Qué dice el Gobierno sobre los datos biométricos
En el decreto, Weretilneck volvió a señalar que el sistema no almacena fotografías de los trabajadores. Según la explicación oficial, a partir de la imagen se genera una “plantilla matemática irreversible” y luego la fotografía es descartada.
El texto también sostiene que los datos biométricos no serían considerados datos sensibles según la legislación nacional. Sin embargo, el propio decreto cita una resolución de la Función Pública que hace referencia a la “naturaleza sensible” de este tipo de registros, una diferencia conceptual que aparece dentro de los argumentos oficiales.
A su vez, el Ejecutivo reconoció que un planteo inicial de Asspur no recibió una respuesta formal dentro del plazo correspondiente. También admitió que, en algunas dependencias, la comunicación se limitó a ordenar el enrolamiento sin brindar toda la información sobre el funcionamiento del sistema.
Según la explicación oficial, esa situación contribuyó al conflicto y llevó al Gobierno a comprometerse a ampliar la información destinada tanto al gremio como a los trabajadores.
Entre las medidas previstas se encuentran la difusión de la política de privacidad, una versión pública de la evaluación de impacto y detalles sobre cómo se administrarán y protegerán los datos biométricos.
El celular personal no será obligatorio
Otro de los cuestionamientos planteados durante la discusión estuvo relacionado con la posibilidad de utilizar el teléfono celular de los trabajadores para registrar la asistencia.
Sobre este punto, el decreto establece que no será obligatorio utilizar el celular personal. El registro podrá realizarse mediante las terminales fijas instaladas en los establecimientos hospitalarios.
El Gobierno también rechazó el planteo de que la implementación del sistema deba ser previamente negociada con los gremios, aunque reconoció que la falta de diálogo previo “ha alimentado el conflicto”.
En los fundamentos, Weretilneck explicó además que la incorporación del mecanismo busca reemplazar los sistemas utilizados hasta ahora, como planillas, relojes y controles de supervisión, que —según el Ejecutivo— no permiten contar con un registro uniforme e integrado con la liquidación salarial.
El Gobierno sostuvo que las herramientas anteriores generan dificultades para controlar y liquidar guardias y adicionales, y también cuestionó el uso de sistemas basados en huellas dactilares dentro de los establecimientos sanitarios.
Fuente: Medios.
