La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, en el que podría resolver si vuelven a aplicarse las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La discusión se da en el marco de un amparo colectivo que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras y que cuenta con la participación de organizaciones ambientales y comunidades mapuches.
A los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se sumarán los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, designados como conjueces mediante sorteo. La convocatoria se produce porque los tres integrantes titulares del máximo tribunal no lograron alcanzar una posición común sobre cómo resolver el planteo.
El expediente fue impulsado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, de Bariloche, junto con las comunidades mapuches Lafkenche y Fvta Anecon. También participa la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Según informaron, el jueves pasado los demandantes presentaron un pedido de aclaratoria para que la Corte precise si su reciente fallo sobre la Ley de Tierras también tiene alcance sobre esta causa, en la que además solicitaron una medida cautelar.
El alcance del fallo sobre la Ley de Tierras
La semana pasada, la Corte revocó por una cuestión procesal la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
En aquella resolución, el tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había promovido la demanda con argumentos vinculados a la defensa de la soberanía nacional, no estaba legitimado para intervenir judicialmente. Por ese motivo, los magistrados no analizaron el fondo de la cuestión ni se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la derogación.
El reclamo que ahora debe examinar la Corte plantea argumentos diferentes. Odarda y las organizaciones demandantes invocan la protección ambiental y los derechos del pueblo mapuche sobre sus territorios ancestrales. Sostienen que la eliminación de las restricciones podría afectar esos derechos y justifican, desde esa perspectiva, la intervención judicial.
Qué restricciones establecía la Ley de Tierras
La Ley 26.737 establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los departamentos. Además, fijaba que las personas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% de ese porcentaje y establecía un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma también impedía que extranjeros adquirieran inmuebles rurales que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Si la Corte hace lugar al planteo presentado por las organizaciones, podrían volver a aplicarse esas restricciones. Para resolver la causa, los jueces tienen dos alternativas principales: devolver el expediente a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició el reclamo, o intervenir directamente sin que el caso vuelva a pasar por un juzgado de primera instancia.
Esta última posibilidad sería excepcional. Según consignaron, constitucionalistas consultados señalaron que el máximo tribunal podría disponer una medida interina, prevista en la legislación sobre medidas cautelares contra el Estado, con vigencia hasta que el Estado presente el informe requerido.
La Corte aceleró los plazos en medio de la discusión política
En las últimas horas, el máximo tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para recusar a los conjueces, aludiendo a «las particulares circunstancias de la causa», sin precisar cuáles eran. También habilitó días y horas inhábiles para avanzar con el trámite.
Una vez vencido ese plazo, Rosatti convocó al acuerdo extraordinario previsto para este viernes, en el que podría definirse el futuro inmediato de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La discusión judicial se desarrolla, además, en medio de la disputa política por el DNU 70/2023. Tras el fallo anterior, sectores de la oposición buscan tratar en una sesión especial prevista para el jueves 15 de octubre el rechazo de la totalidad del decreto, y no únicamente del artículo relacionado con la Ley de Tierras.
De acuerdo con lo publicado por La Nación, una nueva resolución de la Corte sobre este expediente podría influir en ese escenario y darle al Gobierno una herramienta para intentar frenar la iniciativa opositora.
Fuente: Medios.
