El Gobierno de Río Negro avanzará con un plan para limitar las retenciones sobre los salarios de los empleados públicos endeudados y promover acuerdos con mutuales, sindicatos y entidades financieras para revisar los montos adeudados y extender los plazos de pago. La medida busca evitar que los descuentos comprometan gran parte de los ingresos de los trabajadores, en algunos casos hasta dejarlos sin salario neto.
El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, confirmó que la iniciativa tendrá tres ejes centrales: la restitución de un límite para las retenciones salariales, la firma de convenios con las entidades acreedoras y la creación de un centro de autorización de endeudamiento para controlar futuras operaciones de crédito.
Según las previsiones oficiales, el decreto que establecerá los topes podría formalizarse durante esta semana y comenzar a reflejarse en las liquidaciones de noviembre. Sin embargo, el porcentaje máximo de descuento todavía está en análisis.
Entre las alternativas que evalúa la Provincia figuran un límite de entre el 30% y el 33% de los haberes, aunque también se analiza un esquema que establezca un tope inicial del 50%, con una reducción progresiva de las retenciones.
La discusión retoma una normativa de 2018 que había fijado un máximo del 50% para los descuentos salariales. Ese decreto nunca llegó a aplicarse y fue derogado en 2020.
Renegociación de las deudas con mutuales y entidades financieras
El segundo componente del plan contempla una ronda de reuniones con mutuales, sindicatos y entidades financieras que cuentan con códigos de descuento autorizados. Este mecanismo permite que las organizaciones cobren directamente de los salarios las cuotas de los préstamos otorgados a los trabajadores estatales.
Durante las últimas semanas, Sánchez mantuvo encuentros con representantes de esas entidades para avanzar en posibles acuerdos que permitan renegociar los montos adeudados y ampliar los plazos de pago. La intención oficial es establecer pautas generales, aunque cada trabajador podrá decidir voluntariamente si acepta las nuevas condiciones.
En el Gobierno provincial consideran que existen posibilidades de alcanzar acuerdos, en parte por la preocupación de los propios acreedores ante los elevados niveles de morosidad. En algunos casos, la acumulación de préstamos y descuentos autorizados provoca que los ingresos de los empleados no alcancen para cubrir todas las obligaciones.
Además, la Provincia cuenta con la posibilidad de suspender los códigos de descuento para nuevas operaciones de aquellas entidades que no acepten revisar las condiciones de endeudamiento. La convocatoria formal y la firma de los convenios están previstas para octubre.
Casi 19.000 estatales tienen descuentos en sus salarios
El problema del endeudamiento de los empleados públicos ya había sido reconocido por el gobernador Alberto Weretilneck, quien a fines de agosto manifestó su preocupación y anticipó que se trabajaba en medidas destinadas al sector.
El año pasado, el Ministerio de Hacienda informó a la Legislatura que casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo provincial tenían retenciones a favor de 14 entidades autorizadas. La cifra representaba aproximadamente un tercio del personal estatal alcanzado por el relevamiento.
La situación genera preocupación por el impacto de los descuentos sobre los ingresos disponibles. En los casos más graves, la multiplicidad de compromisos financieros puede provocar que los trabajadores reciban salarios netos de cero.
Un centro para controlar nuevos préstamos
El tercer eje del programa será la creación de un centro de autorización de endeudamiento, que intervendrá en las consultas por nuevas operaciones crediticias y verificará los compromisos financieros de cada agente antes de habilitar nuevos préstamos.
El objetivo es impedir que los empleados acumulen deudas por encima de su capacidad de pago y que las retenciones comprometan una proporción excesiva de sus haberes.
El Gobierno prevé poner en funcionamiento este mecanismo antes de que termine el año. La iniciativa busca complementar los límites a los descuentos y los acuerdos de renegociación con un sistema de control que permita prevenir nuevos casos de sobreendeudamiento.
Fuente: Medios.
