La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte aumento en la cantidad de reclamos. Entre enero y junio se iniciaron 1.315 actuaciones, contra las 908 registradas durante el mismo período de 2025. El incremento fue del 45%.
El defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, atribuyó buena parte de este crecimiento al contexto económico y estimó que, si la tendencia se mantiene durante el segundo semestre, el organismo podría cerrar el año con unas 1.000 actuaciones más que en 2025.
“Hoy tuvimos un repunte. En el primer semestre de este año superamos en más de 400 actuaciones el primer semestre del año anterior. Estamos hablando de casi cien actuaciones por mes”, señaló Pereyra.
El incremento se produjo incluso durante los meses en los que la Defensoría atravesó una mudanza a su nueva sede, ubicada en Bouquet Roldán al 260.
El asesoramiento jurídico concentra la mayor demanda
De las 1.315 actuaciones registradas en los primeros seis meses del año, 855 correspondieron a orientaciones y consultas jurídicas, el área que históricamente concentra la mayor demanda del organismo.
Dentro de ese grupo, 227 fueron consultas penales, judiciales o contravencionales; 140 estuvieron relacionadas con seguridad y ayuda social y 133 con alquileres y acceso a la vivienda.
Los conflictos entre propietarios e inquilinos aparecen así entre las principales preocupaciones de los vecinos, en un escenario que Pereyra vinculó directamente con la situación económica. “La situación económica también ha traído mucha controversia entre los titulares de viviendas y los inquilinos”, explicó.
También se registraron 89 consultas por multas de otras jurisdicciones, 83 vinculadas con operaciones financieras y comerciales y 65 relacionadas con derechos del consumidor.
Completan el listado las consultas por derechos familiares (41), servicios públicos municipales y provinciales (31), problemas de agua, cloacas y derrames (15), cuestiones laborales (11) y trámites de jubilación y pensión (8).
Para Pereyra, los números muestran que el perfil de los reclamos está cambiando. “La demanda de la gente cambió. Hoy tenemos mucha consulta por asesoramiento jurídico”, sostuvo.
De los reclamos contra el Estado a los conflictos entre particulares
Otro de los cambios que detectó la Defensoría es el desplazamiento de los reclamos que históricamente tenían como destinatario al Estado municipal o provincial.
Durante años, cuestiones como el asfalto, los servicios básicos, el gas, la iluminación o las cloacas ocuparon un lugar central entre las consultas. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 apenas 31 actuaciones estuvieron vinculadas con servicios públicos municipales o provinciales.
“Ya no se demanda tanto el acceso a los servicios, el asfalto, la luz, el gas, la cloaca. Las cuestiones ambientales también se redujeron bastante”, explicó Pereyra.
Según el defensor, muchos de los reclamos contra el Estado actualmente encuentran respuesta dentro de las propias estructuras municipales o provinciales. “Hoy estamos orientados a los problemas que tiene la gente dentro de la sociedad misma, más que a los problemas que tiene la gente en contra del Estado”, resumió.
Mediaciones: la mitad de los casos llega a una solución
El área de Mediación Comunitaria registró 322 actuaciones durante el semestre. Las transacciones comerciales fueron la principal categoría, con 122 casos, seguidas por los conflictos de convivencia entre vecinos —como medianería, filtraciones y otras disputas—, con 83.
También hubo 51 conflictos vinculados con alquileres, 34 familiares, 28 ambientales y dos relacionados con consorcios.
Pereyra señaló que aproximadamente el 50% de los casos que ingresan a mediación logra una resolución. “Hay un 50 por ciento aproximado de resoluciones. Si entran 150, se termina resolviendo la mitad”, explicó.
Además, destacó que los acuerdos alcanzados en la Defensoría comenzaron a adquirir mayor relevancia cuando los conflictos llegan a la Justicia. “La Justicia pide los antecedentes de la Defensoría y toma como base los acuerdos, sea que se llegó a un acuerdo o no. Lo toman como una cuestión prejudicial”, señaló.
Para el funcionario, esto demuestra que los acuerdos de mediación pueden tener peso a la hora de que los tribunales resuelvan posteriormente un conflicto.
Multas, ambiente y barrios en expansión
El área de Quejas y Reclamos sumó 91 actuaciones durante los primeros seis meses del año. La mayor cantidad correspondió a multas y tributos en la zona urbana, con 56 casos. Le siguieron las cuestiones ambientales (23), servicios públicos (12), derechos humanos (12), obras públicas (10) y urbanismo y ordenamiento territorial (11).
Entre los casos destacados por la Defensoría aparecen los reclamos por la provisión de servicios y la situación dominial en Bardas Rojas, el abastecimiento de agua para familias de Mapu Mew y los conflictos por el uso del suelo entre desarrollos urbanos y actividades productivas.
Para el organismo, estos casos reflejan las tensiones propias de una ciudad “en pleno desarrollo”.
Más recomendaciones y un uso restrictivo de los amparos
Pereyra también destacó un mayor uso de las recomendaciones institucionales, una herramienta contemplada en la normativa de la Defensoría. “En mi primer año no hicimos tantas recomendaciones, porque fue un año donde había que ver por dónde canalizar toda esa demanda. Este año hicimos muchas más recomendaciones que las habituales”, explicó.
En cuanto a los amparos judiciales, el defensor sostuvo que deben utilizarse de manera restrictiva y no como respuesta automática ante cualquier reclamo. “No cualquier cosa amerita un amparo. Si hay que sacar un árbol, no sé si amerita un amparo; amerita la intervención de la Defensoría”, ejemplificó.
En cambio, señaló que existen situaciones urgentes que sí pueden justificar esta vía, especialmente aquellas relacionadas con el acceso a la salud y la vivienda. También mencionó los conflictos vinculados con el IPVU.
El desafío: anticiparse a los conflictos
De cara a los próximos meses, Pereyra planteó como objetivos anticiparse a los problemas que preocupan a los vecinos para prevenir conflictos ambientales, de infraestructura y de uso del suelo.
También propuso reformular las normativas institucionales para ampliar las garantías legales de los ciudadanos y avanzar en la construcción de un edificio propio para la Defensoría.
El organismo continuará además con el trabajo conjunto con otras defensorías de la región y con espacios como la Mesa por una Movilidad Sustentable para el Área Metropolitana de la Confluencia y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
Con el ritmo actual de reclamos, la Defensoría del Pueblo de Neuquén proyecta cerrar 2026 con alrededor de 2.600 actuaciones. El número refleja no solo el crecimiento de la demanda, sino también un cambio en los problemas que atraviesan los vecinos de una ciudad en constante expansión.
Fuente: Medios
