Los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián condenaron a prisión perpetua a los exintegrantes del Ejército Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, vinculados a estructuras de Inteligencia que operaron en la región durante la última dictadura militar.
Además, el exgendarme Emilio Sacchitella recibió cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que los exmilitares Carlos Carretto y Hugo Renes fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva.
En tanto, el Tribunal absolvió al expolicía rionegrino Miguel Ángel Ferrari. Respecto del exgendarme Miguel Cil, los magistrados declararon extinguida la acción penal debido a su fallecimiento durante el desarrollo del juicio.
Un nuevo juicio por crímenes de la dictadura
La lectura del veredicto se realizó en el salón de la Asociación Mutual Universitaria del Comahue, en Neuquén capital, donde se desarrolló gran parte del debate oral.
El proceso había comenzado con ocho acusados, pero antes de llegar a la sentencia se produjeron cambios. Miguel Cil murió durante el juicio y el expolicía rionegrino Adolfo Mellao fue apartado por incapacidad. Finalmente, seis imputados llegaron a la instancia del veredicto.
La causa, denominada formalmente “Ferrari y otros”, comenzó en marzo de este año y abordó delitos cometidos contra víctimas de distintas localidades de Neuquén y Río Negro.
Los hechos investigados
Durante el debate se analizaron hechos ocurridos entre 1976 y 1979 en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche, Catriel, Plottier, Neuquén capital, Cipolletti y J.J. Gómez.
La investigación reconstruyó el funcionamiento del aparato represivo estatal y la participación de integrantes del Ejército, Gendarmería, fuerzas policiales y organismos de Inteligencia.
Entre los hechos analizados estuvieron detenciones ilegales, secuestros, traslados, interrogatorios y tormentos denunciados por sobrevivientes y reconstruidos a partir de documentación y otras pruebas incorporadas durante el proceso.
El juicio también volvió a poner bajo análisis el funcionamiento del centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, aunque la investigación permitió reconstruir un circuito represivo que se extendió por distintas dependencias estatales de Neuquén y Río Negro.
Qué había pedido la Fiscalía
Durante los alegatos, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén, encabezada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, había solicitado prisión perpetua para San Martín y Di Pasquale y distintas penas para los demás acusados.
La Fiscalía sostuvo que los delitos investigados formaron parte de un aparato represivo estatal y remarcó el impacto que tuvieron sobre las víctimas, sus familias y la sociedad.
Las defensas, en cambio, pidieron la absolución de los imputados y cuestionaron la prueba presentada durante el juicio, además de rechazar las responsabilidades individuales atribuidas por la acusación.
Con el veredicto conocido este martes, La Escuelita IX suma un nuevo capítulo a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en la región, en el marco de la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Fuente: Medios
