Este martes se dispuso el cese de la prisión preventiva de un ciudadano chileno para hacer efectiva su deportación inmediata. El hombre estaba detenido en prisión preventiva en Bariloche por un intento de robo y la Dirección Nacional de Migraciones detectó que había ingresado a la Argentina de forma ilegal.
La resolución establece que el imputado tendrá prohibido el ingreso al país por un plazo de ocho años.
El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 7 de julio. Según detalló el fiscal del caso, Gerardo Miranda, el acusado junto a otras tres personas rompieron el vidrio de una vivienda para robar elementos de valor, entre ellos una mochila con una consola Playstation.
La policía redujo a dos de los sospechosos en las inmediaciones del lugar, mientras que los restantes escaparon hacia una zona boscosa.
Tras la detención, la fiscalía imputó al hombre por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal trabajó en conjunto con Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que confirmó la situación migratoria irregular del detenido, quien tiene domicilio en Santiago de Chile.
Ante este escenario, y bajo el marco de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, las autoridades judiciales y migratorias resolvieron la expulsión del ciudadano a su país de origen.
Para ejecutar la medida, el fiscal Miranda solicitó formalmente interrumpir la prisión preventiva, un paso burocrático necesario para dejar al imputado a disposición de las fuerzas de seguridad nacionales encargadas del traslado.
El defensor oficial Manuel Segundo Mansilla no presentó objeciones al requerimiento de la fiscalía durante la audiencia.
Tras escuchar a las partes, el juez Ricardo Calcagno aprobó la solicitud y dispuso que el imputado sea entregado inmediatamente al personal de Migraciones en calidad de detenido para iniciar su traslado hacia la República de Chile.
A pesar de la deportación, el proceso penal en Río Negro continuará su curso. Por este motivo, la resolución judicial obliga al imputado a fijar un domicilio legal y un número de teléfono de contacto para quedar a disposición de las autoridades provinciales cada vez que sea requerido.
