El Gobierno nacional definió las condiciones del programa de ciudadanía por inversión, una iniciativa que permite a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina a partir de determinados aportes económicos. Según lo anunciado por el Ejecutivo, el mecanismo comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla dos opciones de inversión: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$800.000 creado específicamente para el programa.
La iniciativa se apoya en los cambios normativos introducidos en 2025 a la Ley de Ciudadanía, que habilitaron esta vía para quienes acrediten una inversión considerada relevante, independientemente del tiempo de residencia en el país. Sin embargo, el desembolso no implica la obtención automática de la nacionalidad, ya que los solicitantes deberán superar una serie de controles y evaluaciones.
El procedimiento prevé verificaciones de identidad, antecedentes penales, situación patrimonial y financiera, origen de los fondos e historial migratorio. La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de distintos organismos antes de que la Dirección Nacional de Migraciones resuelva cada solicitud.
El esquema argentino se diferencia de otros programas internacionales, tanto por los montos exigidos como por el tipo de beneficio que ofrece a los inversores. Mientras algunos países permiten solicitar directamente la ciudadanía, otros otorgan primero una residencia que puede habilitar, bajo determinadas condiciones, el acceso posterior a la naturalización.
En Estados Unidos, por ejemplo, la inversión no concede directamente la ciudadanía. El programa migratorio EB-5, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS), establece un desembolso mínimo de US$800.000 para proyectos ubicados en áreas de empleo objetivo o determinadas iniciativas de infraestructura, y de US$1.050.000 para el resto de los casos. Además, exige la creación de al menos 10 puestos de trabajo de tiempo completo.
Quienes cumplen los requisitos pueden acceder inicialmente a una residencia permanente condicional, conocida como Green Card. Para obtener la ciudadanía, deben cumplir posteriormente las condiciones generales de naturalización, entre ellas los requisitos de residencia y permanencia legal.
En Portugal, el programa de residencia por inversión, conocido como Autorización de Residencia para Inversión (ARI), también ofrece una vía para atraer capital extranjero, aunque no concede la nacionalidad de manera inmediata.
De acuerdo con la información de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo de Portugal (AIMA), entre las alternativas contempladas figuran aportes desde €250.000 para proyectos de producción artística o preservación del patrimonio cultural y desde €500.000 para investigación científica, determinados fondos de inversión no inmobiliarios y algunas iniciativas empresariales. El régimen excluye la inversión inmobiliaria como vía de acceso.
La autorización permite obtener una residencia que, si se cumplen los requisitos legales correspondientes, puede servir como paso previo a una eventual solicitud de ciudadanía. El acceso a la nacionalidad depende de las condiciones de naturalización vigentes y no está garantizado por la inversión en sí misma.
Turquía, en cambio, cuenta con un sistema que permite solicitar directamente la ciudadanía mediante determinadas inversiones, sujeto a las condiciones establecidas por sus autoridades. Según la información oficial de Invest in Türkiye, una de las opciones consiste en adquirir un inmueble por un valor mínimo de US$400.000 y mantenerlo durante al menos tres años.
También contempla alternativas por US$500.000, mediante inversiones de capital, depósitos bancarios, bonos públicos o determinados fondos. Otra posibilidad es generar al menos 50 puestos de trabajo. El cumplimiento de los requisitos habilita la solicitud de ciudadanía, cuya concesión queda sujeta al procedimiento correspondiente.
Las diferencias entre estos modelos reflejan distintas estrategias para captar inversiones internacionales. Argentina y Turquía contemplan mecanismos que permiten solicitar directamente la ciudadanía a partir de una inversión, mientras que Estados Unidos y Portugal ofrecen inicialmente vías de residencia que pueden conducir a la naturalización si se cumplen los requisitos legales.
En el caso argentino, la puesta en marcha del programa está prevista para el último trimestre de 2026. Su implementación dependerá de los procedimientos operativos y regulatorios necesarios para recibir, evaluar y resolver las solicitudes de los inversores extranjeros.
Fuente: Medios
