La Armada Argentina apartó de sus funciones al personal militar involucrado en una investigación por irregularidades en la liquidación y acreditación de haberes, mientras avanza en paralelo una causa en la Justicia Federal para determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, luego de la investigación interna que detectó 645 acreditaciones indebidas a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto histórico de $981.148.567,88. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de Sebastián Ramos.
El Ministerio de Defensa intervino en el proceso. El ministro Carlos Presti ordenó avanzar con los Consejos de Disciplina y aplicar, si corresponde, la máxima sanción prevista por el régimen militar. La Armada, sin embargo, aclaró que el apartamiento es preventivo y que la eventual destitución deberá definirse luego del procedimiento disciplinario, con análisis individual de cada situación.
Presti había expresado públicamente: «Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes». También había señalado que su intención era que los responsables “devuelvan el dinero y vayan presos”. Estas expresiones corresponden al ministro y se produjeron mientras avanzaban las actuaciones administrativas y judiciales.
Cómo comenzó a detectarse la maniobra
La investigación interna de la Armada tuvo sus primeras señales en febrero de 2026, cuando una revisión de la liquidación correspondiente a enero detectó cinco acreditaciones que no coincidían con los haberes que debían pagarse.
A partir de esas anomalías, durante marzo se modificó parte del circuito administrativo para separar las tareas de liquidación, orden de acreditación y control bancario, con el objetivo de reforzar los mecanismos de verificación.
El avance más importante se produjo en agosto, cuando nuevas revisiones sobre períodos anteriores permitieron encontrar pagos sin respaldo en los haberes liquidados y transferencias hacia personas vinculadas con integrantes de la fuerza. Entre ellas apareció María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien fue relevado preventivamente.
La Armada resguardó además los equipos informáticos utilizados para preparar los archivos de pagos y solicitó información al Banco Nación para reconstruir las operaciones.
Qué investigan en el sistema de sueldos
Según la denuncia presentada por la propia Armada, las operaciones investigadas se realizaban después de los controles administrativos habituales y antes de la transmisión definitiva de los archivos al Banco Nación.
En ese tramo del proceso, se habrían modificado determinados registros para aumentar importes o incorporar acreditaciones que no contaban con respaldo en los haberes legítimamente liquidados. Posteriormente, los registros internos podían ser restituidos a sus valores originales, de modo que la diferencia no quedara reflejada en los recibos habituales.
La investigación también incorporó otras modalidades presuntamente irregulares, entre ellas viáticos por misiones al exterior que no se habrían realizado, pagos que continuaban una vez terminadas esas comisiones y suplementos por tareas o especialidades que no correspondían. También se analiza el uso de datos de personal dado de baja o retirado para realizar acreditaciones.
Casi $1.000 millones y 23 beneficiarios
La reconstrucción realizada por la Armada identificó hasta ahora 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por $981.148.567,88.
El grupo alcanzado incluye 10 militares y 13 civiles o personas ajenas a la fuerza, según la información difundida por la propia investigación. Cuatro de esos beneficiarios no tenían relación laboral o funcional con la Armada y, en conjunto, recibieron más de $434 millones, equivalente al 44,25% del monto histórico reconstruido.
La principal beneficiaria individual identificada fue María del Carmen Prieto, quien recibió 46 acreditaciones por aproximadamente $152,2 millones. Otros tres beneficiarios sin vínculo con la fuerza fueron identificados en la denuncia con montos de entre $90 millones y $100 millones cada uno.
La investigación también determinó que algunos militares restituyeron parte de las sumas cobradas. Hasta la presentación de la denuncia habían sido recuperados aproximadamente $42,6 millones, por lo que quedaban más de $938 millones pendientes sobre el monto histórico detectado.
Un procedimiento disciplinario para los militares involucrados
La Armada informó oficialmente que el personal militar alcanzado por las actuaciones fue apartado preventivamente de sus funciones mientras se determina su eventual responsabilidad disciplinaria.
La medida se tomó al amparo de la Ley para el Personal Militar y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La fuerza aclaró que el apartamiento no equivale por sí mismo a una destitución y que cada caso deberá atravesar el procedimiento correspondiente.
El objetivo de los Consejos de Disciplina será establecer qué intervención tuvo cada efectivo en las operaciones investigadas y si corresponde aplicar la máxima sanción prevista.
Una causa que continúa en la Justicia Federal
En paralelo al proceso administrativo, la investigación penal continúa en el Juzgado Federal N.º 2 de Buenos Aires. La denuncia fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, luego de que la fuerza concluyera parte de su investigación interna.
El expediente deberá determinar cómo funcionó el mecanismo, quiénes intervinieron y cuál fue el grado de conocimiento y participación de cada uno de los beneficiarios y responsables de las operaciones.
Por ahora, la cifra respaldada documentalmente por la investigación interna es de $981,1 millones en acreditaciones indebidas. La estimación de un perjuicio mayor, cercana a $1.600 millones, aparece atribuida a fuentes consultadas por medios nacionales y no forma parte de la cuantificación oficial incorporada hasta ahora a la denuncia judicial.
La Armada reforzó los controles
El caso también derivó en cambios dentro del circuito de administración de haberes. La separación de las tareas de liquidación, autorización de pagos y conciliación bancaria busca reducir la posibilidad de que una misma estructura pueda intervenir en distintas etapas del proceso sin controles independientes.
La Armada sostuvo que mantiene una política de tolerancia cero frente a situaciones de fraude, corrupción o irregularidades que puedan afectar los recursos públicos y el funcionamiento de la institución.
La investigación administrativa y la causa judicial continuarán ahora por vías paralelas, mientras los efectivos apartados enfrentan el proceso disciplinario y la Justicia determina las responsabilidades que eventualmente correspondan.
Fuente: Medios.
