El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por el presidente Javier Milei hace más de un mes, encontró mayores resistencias de las previstas en la Cámara de Diputados y el oficialismo debió postergar la firma del dictamen durante el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto realizado este miércoles.
La iniciativa, que tiene como eje la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, recibió cuestionamientos por distintas reformas que exceden el régimen sancionatorio para empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina. Las críticas se concentraron en las atribuciones del Consejo de Seguridad, los protocolos para derribar aeronaves y hundir buques, y la falta de precisión en las definiciones de “amenaza externa” y “actividad terrorista”.
Uno de los cambios aceptados por el Gobierno fue retirar el artículo 111, que establecía penas para quienes alteraran procesos electorales, manipularan la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva o colaboraran con campañas extranjeras de sabotaje al orden público. Sin embargo, la decisión no logró destrabar las negociaciones sobre el resto del articulado.
El proyecto todavía cuenta con margen para incorporar modificaciones, ya que no fue incluido en la convocatoria a la sesión especial solicitada por el oficialismo para el 21 de octubre. Pese a las objeciones, desde La Libertad Avanza dejaron trascender que no están dispuestos a introducir cambios sustanciales y que buscan preservar el núcleo de la reforma del sistema de seguridad nacional.
Entre las voces críticas, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, sostuvo que “el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político” y advirtió sobre lo que consideró una “deriva totalitaria”.
Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que la propuesta del Gobierno está “basada en la dictadura de Onganía”. En la misma línea, el diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulón, alertó que la iniciativa busca “crear un estado de sitio no legislado”.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici pidió “dejar las diferencias políticas de lado” para respaldar las acciones del Gobierno ante el Tribunal del Mar. A su vez, Patricia Vásquez reclamó que los legisladores acompañen el dictamen y sostuvo que deberían estar “firmando con las dos manos” para “defender la patria”.
Fuente: Medios
