La causa por la megaestafa con planes sociales en Neuquén dio un nuevo giro luego de que el Tribunal de Impugnación considerara que debe analizarse nuevamente la acusación por asociación ilícita. La decisión podría derivar en penas más altas para los principales condenados.
El delito había sido planteado por la Fiscalía durante el juicio, pero el tribunal que llevó adelante el debate había descartado esa figura y condenado a los acusados únicamente por defraudación contra el Estado.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli destacó la resolución y sostuvo que desde el comienzo de la investigación la acusación consideró que no se trataba solamente de una maniobra para desviar fondos, sino de una organización conformada para cometer delitos.
Según Vignaroli, la propia sentencia del juicio describió varios elementos que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, permiten configurar una asociación ilícita.
El fiscal señaló que los jueces habían dado por acreditada la existencia de un grupo organizado, con una estructura jerárquica, roles definidos y permanencia en el tiempo. Además, sostuvo que la modalidad de actuación fue modificándose a medida que aparecían nuevas dificultades. Para la Fiscalía, esa descripción resultaba contradictoria con la decisión de absolver a los acusados por asociación ilícita.
En septiembre de 2025, el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla había dado a conocer una sentencia de 398 páginas. Los jueces habían considerado acreditada una maniobra destinada a financiar una estructura clientelar, pero absolvieron a los 12 acusados por asociación ilícita por el beneficio de la duda.
El argumento central fue que no se había demostrado la existencia de una pluralidad de planes delictivos independientes, sino una única maniobra de fraude continuado.
Podrían aumentar las penas
La nueva resolución modifica el escenario para los condenados. Hasta ahora, las penas por defraudación al Estado contemplaban una escala de entre uno y seis años de prisión.
Con la incorporación de la asociación ilícita, las penas podrían ser considerablemente mayores.
Vignaroli explicó que deberán diferenciarse los roles dentro de la organización y que quienes fueron considerados jefes de la asociación ilícita enfrentan una escala de entre 5 y 10 años de prisión.
Entre ellos se encuentran:
- Abel Di Luca, exsubsecretario y exministro de Desarrollo Social.
- Tomás Siegenthaler, coordinador de Administración del Ministerio.
- Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales.
- Pablo Sanz, exdirector de Administración de Planes Sociales.
- Marcos Osuna, jefe de Departamento en la Dirección de Planes Sociales.
La Fiscalía anticipó que solicitará penas de cumplimiento efectivo para quienes, según su acusación, tuvieron los roles principales dentro de la organización.
Cómo continúa la causa
La incorporación del nuevo delito implica una nueva instancia judicial. El Tribunal de Impugnación estableció un plazo de hasta 10 días para que las partes ofrezcan pruebas.
Además, se conformará un nuevo tribunal, diferente del que intervino en el juicio anterior. Los nuevos jueces deberán analizar la prueba y establecer las penas correspondientes para quienes ya fueron condenados por defraudación.
La Fiscalía todavía trabaja en la definición de las pruebas que presentará y del monto de las penas que solicitará. Mientras tanto, la defensa también deberá definir si buscará una revisión extraordinaria de la resolución del Tribunal de Impugnación.
Vignaroli también se refirió a la posibilidad de una nueva investigación, conocida públicamente como “Planes Sociales 2”. El fiscal jefe afirmó que, hasta el momento, no encontraron evidencias de maniobras similares vinculadas con otros subsidios. Según explicó, tampoco detectaron inconsistencias en los montos abonados ni en los listados analizados.
De esta manera, el próximo paso será determinar las pruebas y las penas en el nuevo proceso derivado de la decisión del Tribunal de Impugnación.
Fuente: Medios.
