Gabriel Vega, padre de Agostina, presentará este martes en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca crear un sistema integral para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de riesgo que involucren a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa será presentada a las 11.30 y apunta a establecer respuestas estatales rápidas para evitar que las situaciones de violencia o vulneración de derechos se agraven.
La propuesta surge a más de tres meses del femicidio de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia, causa por la que hay seis personas detenidas. El proyecto, denominado Ley Agostina, plantea la creación de un sistema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección que permita actuar antes de que el daño sea irreversible.
Entre sus principales medidas se encuentra el Sistema Integral Agostina, que busca coordinar la intervención de los organismos estatales frente a indicadores objetivos de vulneración. El proyecto establece mecanismos de alerta y detección temprana para que las señales de riesgo sean evaluadas y atendidas por las autoridades correspondientes.
La iniciativa también contempla el derecho de niños, niñas y adolescentes a pedir ayuda y comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros. De esta manera, se busca que el acceso al sistema de protección no dependa exclusivamente de que un adulto identifique el problema.
Otro de los puntos centrales es la creación de la Línea Agostina, un canal gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para solicitar asistencia a través de teléfono, mensajería, una aplicación, una página web, chat y otros medios de comunicación.
El proyecto incorpora además el Programa Agostina en Escuelas, destinado a brindar herramientas de prevención sobre grooming, abuso, trata de personas, consumos problemáticos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y mecanismos de autoprotección.
También propone la creación de los Gabinetes Agostina, integrados por equipos interdisciplinarios que tendrán funciones de escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación. El objetivo es acercar asistencia profesional y vincular a los menores con el organismo estatal correspondiente.
En casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes, la iniciativa plantea un Protocolo de Alerta y Búsqueda que permita activar una respuesta inmediata, sin exigir el transcurso de un período determinado de horas. La propuesta contempla la coordinación entre los distintos organismos involucrados para acelerar las tareas de búsqueda.
El proyecto también prevé un Registro de Restricciones Judiciales con información sobre medidas vigentes que limiten el contacto con niños, niñas y adolescentes. El acceso estaría restringido a las autoridades habilitadas y contemplaría mecanismos de protección de datos personales.
La propuesta extiende las medidas de prevención a los establecimientos educativos, donde se establecerían protocolos frente a situaciones como ausentismo reiterado, cambios de conducta, violencia, abuso, grooming, autolesiones y consumos problemáticos. En estos últimos casos, se plantea la realización de evaluaciones interdisciplinarias con el objetivo de intervenir y prevenir riesgos sin estigmatizar a los menores.
El proyecto también contempla mecanismos de protección dentro de los clubes y entidades deportivas que trabajan con niños y adolescentes, mediante protocolos específicos y la designación de referentes institucionales.
En los procesos de familia, la iniciativa propone mejorar la comunicación de indicadores de riesgo a la Justicia y facilitar la adopción de medidas de protección cuando corresponda. A su vez, plantea un sistema de evaluación y seguimiento mediante estadísticas anonimizadas que permitan medir los resultados y realizar modificaciones para mejorar el funcionamiento del sistema.
La Ley Agostina también propone una mayor coordinación entre organismos estatales, con articulación entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Educación, Salud, Justicia, el Ministerio Público Fiscal, municipios y otras áreas involucradas en la protección de menores.
La implementación sería progresiva y buscaría aprovechar los recursos y estructuras existentes para evitar duplicaciones. Además, el proyecto plantea una articulación con la Ley Lucio: mientras esa normativa apunta a fortalecer la detección y prevención de situaciones de violencia contra niños y adolescentes, la Ley Agostina busca organizar y agilizar la respuesta estatal una vez detectada una situación de riesgo.
Fuente: Medios
