La legisladora Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, impulsó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, comercial y productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas de Río Negro por el plazo de doce meses.
La iniciativa apunta a contener el impacto de la crisis sobre el entramado productivo y el empleo, en un escenario marcado por la caída del consumo interno, el aumento de los costos operativos y la presión creciente sobre la rentabilidad del sector.
“Queremos saber si el Gobierno provincial va a seguir acompañando políticas que asfixian a las PyMEs o si finalmente va a tomar medidas para defender la producción y el trabajo rionegrino”, expresó Spósito al presentar la propuesta.
La legisladora advirtió además sobre el cierre de firmas en distintos puntos de la provincia. Según datos relevados por entidades empresarias, el 73% de los comercios calificó su desempeño del último año como regular, malo o muy malo, mientras que casi la mitad aseguró que las ventas de fin de año fueron inferiores a las del período anterior.
Spósito vinculó esa situación con el contexto económico nacional y las medidas de ajuste. “La caída del poder adquisitivo y la paralización de la obra pública están golpeando de lleno a las economías regionales. Río Negro no es la excepción”, sostuvo.
Entre los principales puntos, el proyecto establece la suspensión de ejecuciones fiscales, embargos y medidas cautelares contra PyMEs por deudas provinciales mientras dure la emergencia, con el objetivo de evitar mayores complicaciones financieras.
También propone una moratoria de hasta 60 cuotas, reducción de intereses, quita de multas y un período de gracia de hasta 120 días para regularizar obligaciones pendientes.
Otro eje central es el congelamiento de aumentos en las tarifas de servicios públicos esenciales, como electricidad, gas y agua para el sector, además de impedir incrementos retroactivos una vez finalizado el período de emergencia.
La iniciativa incorpora además un mecanismo para cancelar deudas que el Estado provincial mantiene con PyMEs proveedoras, mediante cronogramas de pago y posibles compensaciones impositivas.
Como herramienta administrativa, se plantea la creación del Certificado de Emergencia MiPyME, que permitirá identificar a las empresas alcanzadas y facilitar el acceso a los beneficios previstos con criterios objetivos y transparentes.
A cambio, las empresas beneficiadas deberán mantener su plantilla laboral durante la vigencia de la emergencia, salvo situaciones debidamente justificadas.
“Estamos frente a un proceso de cierre de empresas que ya es alarmante a nivel nacional. Si el Estado no actúa, ese escenario se va a profundizar en Río Negro con consecuencias sociales graves”, concluyó la legisladora.
Fuente: Medios
