Súper RIGI: cuáles son los beneficios, requisitos y condiciones del nuevo régimen para grandes inversiones

El proyecto impulsado por el Gobierno apunta a atraer capitales para industrias estratégicas como inteligencia artificial, biotecnología y semiconductores.

El Poder Ejecutivo presentó en el Congreso el proyecto de ley denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), una iniciativa orientada a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos considerados estratégicos para el desarrollo económico.

Según el texto del proyecto, las empresas interesadas deberán realizar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares por proyecto y ejecutar al menos el 20% del desembolso comprometido durante los primeros dos años. Además, deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura societaria creada específicamente para desarrollar la actividad promovida y con activos afectados exclusivamente a ese objetivo.

El Gobierno presentó el proyecto de “Súper RIGI” para atraer inversiones millonarias en sectores estratégicos como inteligencia artificial, biotecnología y semiconductores.

El régimen prevé una serie de incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros destinados a mejorar la competitividad de los proyectos. En el impuesto a las Ganancias se establece una alícuota fija del 15% junto con un sistema de amortización acelerada para las inversiones realizadas.

En el plano aduanero, el proyecto contempla la exención total de derechos de importación para bienes de capital y la eliminación de derechos de exportación para los productos generados por los emprendimientos alcanzados.

Además, no existirá obligación de liquidar en el mercado local las divisas provenientes de aportes de capital o financiamiento externo. En cuanto al régimen laboral, se fija una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales correspondientes a nuevas relaciones laborales.

El proyecto garantiza estabilidad normativa por un plazo de 30 años sobre todos los incentivos otorgados, lo que implica que futuras leyes no podrán modificar las condiciones fiscales y regulatorias previstas para las inversiones adheridas. Asimismo, se reconoce el acceso a mecanismos de arbitraje internacional, como el CIADI, la CCI o la CPA, para resolver eventuales disputas con el Estado nacional.

El plazo previsto para adherirse al régimen será de cinco años desde su entrada en vigencia, con posibilidad de prorrogarlo por un año adicional.

Fuente: Medios

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