El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se declaró en alerta ante la evaluación del Gobierno para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas y denunció que más de $1 billón destinado por ley a la infraestructura vial permanece sin ejecutar.
Según la documentación oficial reconstruida por el gremio, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados a obras viales, pero solamente $394.406 millones fueron ejecutados. De esta manera, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón permanecía inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos.
El sindicato señaló además que posteriormente el propio Poder Ejecutivo admitió que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
La denuncia por el financiamiento de las rutas
Desde STVyARA calificaron el proceso como un “ruticidio” y acusaron al Gobierno de avanzar con un “vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional” como parte de una estrategia que, según el gremio, busca justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
La titular del sindicato, Graciela Aleñá, cuestionó el destino de los fondos y planteó: “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”.
Menos personal para controlar las rutas concesionadas
El gremio también apuntó contra el esquema de concesiones por considerar que existe una contradicción entre las nuevas responsabilidades asignadas a Vialidad Nacional y el proceso de reducción de su estructura.
Según el sindicato, mientras el organismo mantiene la responsabilidad legal de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, el Gobierno impulsa un segundo programa de Retiro Voluntario para reducir su dotación.
“No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas”, sostuvo Aleñá.
El rechazo a evaluar las rutas por rentabilidad
STVyARA rechazó además que la infraestructura vial sea analizada exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica privada.
En ese sentido, Aleñá afirmó: “No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”.
Fuente: Medios
