El Gobierno argentino recibirá el próximo 9 de octubre a Ben Black, titular de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), en una visita que marcará el inicio de una nueva etapa para el Corredor Andes-Atlántico. El objetivo será comenzar a definir proyectos concretos que puedan incorporarse al esquema de financiamiento estadounidense, con especial interés en infraestructura, energía, minerales críticos y tecnología.
La iniciativa bilateral contempla herramientas para movilizar hasta US$7.000 millones hacia 2027, aunque ese monto no corresponde exclusivamente a la DFC ni implica que los fondos ya estén asignados a obras específicas. La próxima etapa estará enfocada en determinar qué proyectos pueden acceder al financiamiento, bajo qué modalidad y con qué participación de empresas privadas.
La llegada de Black adquiere especial relevancia porque la corporación que conduce es uno de los organismos que Washington prevé utilizar para estructurar inversiones. Entre sus herramientas se encuentran préstamos, garantías, seguros contra riesgos políticos y participación de capital, además de la posibilidad de trabajar junto con inversores privados.
El esquema financiero también contempla la participación del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM). El marco acordado con la Argentina prevé movilizar hasta US$7.000 millones para proyectos vinculados con energía, minerales críticos, redes eléctricas, infraestructura digital y otras áreas consideradas estratégicas.
El Corredor Andes-Atlántico fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. La propuesta busca conectar las principales zonas productivas argentinas con la Hidrovía, los puertos del Atlántico y los mercados internacionales mediante inversiones en transporte, energía e infraestructura digital.
Uno de los proyectos que aparece entre los más avanzados es Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de gas de Vaca Muerta impulsado por YPF junto con socios internacionales. El EXIM estadounidense emitió una propuesta indicativa y no vinculante de financiamiento por hasta US$6.000 millones para respaldar la contratación de bienes y servicios estadounidenses vinculados con el proyecto.
La iniciativa contempla la producción de gas en Neuquén, plantas de tratamiento, ductos y unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro. Según las proyecciones de YPF, las primeras dos unidades alcanzarían una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y comenzarían a operar en 2031.
Pero el corredor tiene un alcance mayor al desarrollo gasífero. También incluye obras destinadas a mejorar la conexión entre Vaca Muerta, el noroeste argentino, Bahía Blanca, la Hidrovía y los puertos del Atlántico, con proyectos relacionados con ferrocarriles de carga, vías navegables, puertos, oleoductos, gasoductos y líneas de transmisión eléctrica.
En materia minera, la agenda contempla infraestructura vinculada con litio y cobre, mientras que el sector energético incluye proyectos relacionados con petróleo, gas y generación y transmisión eléctrica. La lógica del acuerdo apunta no solo a respaldar la producción, sino también a financiar parte de la infraestructura necesaria para trasladar esos recursos hacia los mercados de exportación.
La infraestructura digital constituye otro de los ejes del entendimiento, con iniciativas relacionadas con fibra óptica, conectividad satelital, cables submarinos, centros de datos y seguridad de redes. El objetivo es ampliar la capacidad tecnológica y acompañar el desarrollo de las cadenas de suministro consideradas estratégicas.
La visita de Ben Black será seguida por la de Christopher Landau, prevista para fines de octubre, quien tendrá una agenda más amplia con funcionarios argentinos y representantes del sector privado. De esta manera, Washington y Buenos Aires avanzarán en distintas etapas sobre el acuerdo anunciado en septiembre.
La prioridad para la próxima reunión será comenzar a definir la primera cartera de proyectos del Corredor Andes-Atlántico, establecer qué organismo estadounidense podría intervenir en cada iniciativa, cuáles serán los requisitos de financiamiento y qué participación tendrán las empresas privadas. El Gobierno busca así pasar del anuncio bilateral a una primera etapa de ejecución concreta.
Fuente: Medios.
