El Concejo Deliberante de Viedma inició el tratamiento en doble vuelta del proyecto que modifica la ordenanza que regula los alojamientos turísticos, por lo que la iniciativa quedó formalmente habilitada para la consulta pública. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo municipal, incorpora nuevas obligaciones para propietarios de casas y departamentos de alquiler temporario, actualiza los requisitos de habilitación y establece un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.
De acuerdo con el expediente, los cambios buscan actualizar la Ordenanza N.º 8843, vigente desde hace tres años, para adecuarla a la realidad actual del sector turístico y mejorar los mecanismos de control y planificación.
Uno de los principales cambios establece que los propietarios, administradores o responsables de los alojamientos deberán proporcionar al área municipal de Turismo información sobre la ocupación o disponibilidad de los inmuebles cuando sea requerida con fines estadísticos.
Además, el Municipio podrá solicitar datos vinculados con el perfil de los visitantes, como su lugar de procedencia, el motivo del viaje y otras características de interés turístico, con el objetivo de fortalecer la planificación y las políticas de promoción del destino.
Desde el Ejecutivo explicaron que el control sobre las tarifas dejó de ser una prioridad, ya que los precios se fijan por acuerdo entre el prestador y el huésped. En cambio, consideran fundamental contar con información confiable sobre el movimiento turístico de la ciudad.
Cambios en las habilitaciones y mayores exigencias de seguridad
El proyecto también modifica el régimen de habilitaciones. Quienes administren hasta tres viviendas de alquiler temporario podrán seguir gestionando un permiso turístico gratuito.
En tanto, los propietarios que exploten cuatro o más unidades funcionales en un mismo predio deberán tramitar una habilitación comercial y ajustarse a las exigencias previstas para ese tipo de establecimientos.
En materia de seguridad, la propuesta reemplaza algunos de los informes actualmente exigidos por la presentación de certificados de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad, emitidos por profesionales matriculados.
Multas de hasta 400 Unidades Fiscales
Por primera vez, la iniciativa incorpora una escala específica de infracciones y sanciones dentro de la Ordenanza Tarifaria.
Entre las conductas que podrán ser sancionadas figuran funcionar sin habilitación, no informar la ocupación cuando lo requiera el Municipio, incumplir las normas de seguridad, impedir inspecciones, no comunicar el cierre o transferencia del establecimiento, brindar información falsa o cobrar tarifas distintas de las pactadas.
Las multas previstas oscilarán entre 50 y 400 Unidades Fiscales (UFS), de acuerdo con la gravedad de la infracción. Además, el Juzgado Administrativo de Faltas podrá aplicar otras medidas, como apercibimientos, inhabilitaciones o clausuras cuando corresponda.
Fuente: Medios.
