El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los ejes de la reforma laboral, con el objetivo de reducir la presión fiscal sobre las empresas y promover la creación de empleo registrado.
La medida fue establecida mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, y contempla una reducción de contribuciones patronales por un período de cuatro años para nuevas contrataciones formalizadas dentro del régimen.
La puesta en marcha del sistema se da luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma. Con esta resolución, el Ejecutivo avanza en la implementación de incentivos para las relaciones laborales registradas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El régimen alcanza a cuatro grupos de trabajadores: personas sin empleo formal al 10 de diciembre de 2025, desempleados durante al menos seis meses previos a la contratación, ex monotributistas sin relación de dependencia en el sector privado en el último semestre, y trabajadores cuyo último empleo haya sido en el sector público en cualquiera de sus niveles.
Según la normativa, las incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la plantilla total de cada empleador. Además, el incumplimiento de las condiciones implicará la obligación de abonar las contribuciones adeudadas, junto con sanciones e intereses, bajo control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con esta reglamentación, el Gobierno busca acelerar la formalización laboral en un contexto de alta informalidad y avanzar con la implementación de su reforma estructural en el mercado de trabajo.
Fuente: Medios
