Neuquén avanza en la elaboración de un nuevo Régimen Penal Juvenil para adaptar la legislación provincial a la Ley Nacional 27.801, que desde el 5 de septiembre de 2026 incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años. El proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis y deberá ser enviado a la Legislatura para su tratamiento.
El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, explicó que distintos organismos trabajan en la iniciativa, cuyo objetivo es compatibilizar el régimen neuquino con la nueva normativa nacional sin dejar de lado las herramientas desarrolladas por la provincia desde 1999 en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, la Ley 2302 continuará vigente hasta que Neuquén sancione su nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Según Tobares, mientras tanto la adecuación al régimen nacional se instrumentará principalmente a través de esa norma provincial, junto con tratados internacionales y otras disposiciones relacionadas con la protección de derechos.
Cuántos adolescentes podrían quedar alcanzados
Las estadísticas de la Fiscalía Penal Juvenil de 2025 permiten dimensionar el universo potencialmente alcanzado por el cambio. Ese año se registraron 883 autores menores de edad, de los cuales 428 tenían menos de 16 años, equivalente al 48,53%.
Esto no significa que todos esos adolescentes vayan a ingresar al sistema penal. De acuerdo con las estimaciones basadas en la experiencia del fuero, la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años podría generar alrededor de 50 casos adicionales por año que lleguen a instancias de acusación.
Además, de los más de 800 casos registrados con autores menores, 78 fueron clasificados como delitos graves, mientras que entre los hechos más frecuentes aparecen lesiones leves, amenazas simples, hurtos y robos simples.
El nuevo régimen contempla respuestas alternativas y reserva la privación de libertad para los casos de mayor gravedad, con penas de hasta 15 años.
Qué pasará con los adolescentes privados de su libertad
Uno de los puntos que deberá resolver la provincia es la infraestructura disponible para alojar a adolescentes cuando un juez disponga una medida de privación de libertad.
Tobares reconoció que actualmente el dispositivo Hue Lihué no reúne todas las condiciones de seguridad necesarias para afrontar el nuevo escenario. Por eso, el Gobierno analiza una infraestructura específica para adolescentes, tomando como punto de partida ese espacio ubicado en el barrio Provincias Unidas de Neuquén capital.
El ministro aclaró que no se busca replicar una unidad penitenciaria tradicional, sino contar con un ámbito que combine seguridad, educación, talleres, servicios y abordaje interdisciplinario.
También se deberá definir el destino del actual dispositivo y evaluar la necesidad de contar con espacios de medio abierto para cumplir determinadas medidas.
Un régimen que prioriza medidas alternativas
La nueva legislación establece que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso y contempla distintas herramientas socioeducativas.
Entre ellas aparecen la amonestación, las prohibiciones de acercamiento, la justicia restaurativa y la remisión jurisdiccional, además de mecanismos destinados a favorecer la reinserción del adolescente.
Tobares señaló que el abordaje debe contemplar factores como la situación familiar, la vulnerabilidad, el abandono y los consumos problemáticos, y combinar la intervención judicial con educación, capacitación y formación laboral.
Qué herramientas incorporará Neuquén
El proyecto provincial contempla instituciones que la Ley 2302 no regulaba de manera expresa. Una de ellas es la figura del querellante, que permitirá incorporar al proceso la perspectiva de la víctima y el daño producido.
También se incorporarán mecanismos de justicia restaurativa y remisión jurisdiccional, que permiten evitar o interrumpir la intervención judicial cuando las circunstancias del caso lo hagan conveniente.
Otro recurso será el arraigo, que podrá utilizarse de manera excepcional y voluntaria para que un adolescente quede bajo el cuidado de una familia que pueda acompañar su proceso de resocialización cuando su núcleo familiar de origen no resulte una alternativa adecuada.
La cesura y la posibilidad de una pena antes de los 18 años
Otro de los cambios centrales es la incorporación obligatoria del juicio de cesura. El proceso contempla una primera instancia para determinar la responsabilidad y una segunda para establecer, eventualmente, la pena.
La separación entre ambas etapas adquiere particular importancia en el caso de adolescentes, ya que permite considerar su edad y evolución al momento de definir la respuesta penal.
El nuevo escenario también contempla la posibilidad de que un adolescente menor de 18 años reciba una pena, algo que deberá ser contemplado en la adecuación de la normativa provincial y en las condiciones de alojamiento disponibles.
La defensa penal especializada
La modificación también plantea un desafío para la defensa de los adolescentes en las distintas circunscripciones judiciales de Neuquén.
Actualmente, la especialización penal juvenil se encuentra concentrada en la Circunscripción Confluencia. Frente al nuevo régimen, la Defensoría Penal estableció que los procesos que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años deberán ser puestos en conocimiento de la Defensoría Penal del Niño de la Circunscripción Confluencia, hasta que pueda ampliarse la especialidad al resto de la provincia.
Tobares señaló que, por el volumen de casos registrado, el Gobierno no prevé inicialmente crear estructuras especializadas en cada circunscripción, aunque consideró que podría ser un objetivo a futuro.
El proyecto deberá pasar por la Legislatura
La propuesta de adecuación del régimen penal juvenil se encuentra avanzada, pero todavía está en etapa de revisión. Una vez finalizado el proyecto, deberá ingresar a la Legislatura y atravesar el tratamiento en las comisiones correspondientes.
Mientras tanto, la Ley 2302 seguirá vigente y funcionará como marco provincial para abordar las situaciones vinculadas con adolescentes en conflicto con la ley penal.
El desafío para Neuquén será adaptar su normativa y, al mismo tiempo, desarrollar la infraestructura y los equipos necesarios para aplicar un régimen que alcanza a adolescentes desde los 14 años y que prioriza medidas socioeducativas por sobre la privación de libertad.
Fuente: Medios
