La provincia de Río Negro deberá pagar cerca de 2.000 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares) en concepto de expropiaciones y servidumbres de paso vinculadas a la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Viedma.
La obra, inaugurada en octubre de 2022, se emplaza en un predio de 136 hectáreas, a unos ocho kilómetros del casco urbano en dirección al balneario El Cóndor, y fue financiada con fondos del Plan Castello, con una inversión inicial de 1.300 millones de pesos.
El monto surge de una sentencia dictada por el juez subrogante Leandro Oyola, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 13, que se conoció esta semana y que ya fue apelada por el Estado provincial.
La demanda fue iniciada por la propia provincia para avanzar con las expropiaciones, mientras que los propietarios aceptaron el proceso, pero rechazaron los valores indemnizatorios fijados originalmente.
Cómo se compone la indemnización
El total asciende a 1.934.858.688 pesos, e incluye:
- Expropiación de más de 578 hectáreas
- Servidumbre de paso sobre otras 50 hectáreas
- Honorarios de abogados y peritos
Además, se suman 48,5 millones de pesos por daños en uno de los casos y otros 250.000 pesos por gastos de mensura y escrituras. A esto se agregan honorarios aún no regulados, por lo que el monto final podría ser mayor.
Quiénes reciben las compensaciones
La mayor indemnización fue fijada para el exvicegobernador Mario Luis De Rege, quien percibirá 749,9 millones de pesos. En este caso, el juez tomó como referencia una valuación superior a la establecida inicialmente.
Por su parte, Enrique y Nora Inda recibirán 587,1 millones de pesos, incluyendo una compensación adicional por el impacto sobre su actividad productiva.
En tanto, los herederos de Roberto, Irma y Mario De Rege cobrarán 232,4 millones de pesos, también en base a una valuación mayor a la prevista por la provincia.
En los casos de servidumbre de paso, las indemnizaciones fueron menores: la empresa Fridevi y el productor Luis Iribarren percibirán 4,3 millones de pesos cada uno, conforme a los valores fijados por la Junta de Valuaciones.
Plazos y antecedentes
Los montos están actualizados al 20 de abril y el Estado cuenta con 90 días para abonar, aunque la apelación presentada trasladará la definición a la Cámara Civil.
Este no es el primer proceso de este tipo: hace dos años se resolvió un juicio similar por la misma obra. En ese caso, antes de que la Cámara se expidiera, las partes llegaron a un acuerdo que suspendió el proceso.
El dato no pasa desapercibido: el monto de la sentencia judicial supera ampliamente la inversión inicial de la obra, lo que abre interrogantes sobre el impacto económico final del proyecto para las arcas provinciales.
Fuente: Medios.
